Sistema de valoración probatoria en el proceso arbitral Colombiano regido por la ley 1563 de 2012

Abstract

El proceso judicial ha sido quizá el instrumento más común para resolver los conflictos que se generan en la comunidad con el fin de que las personas puedan arreglar sus diferencias de una forma pacífica sin la necesidad de recurrir a la violencia. Sin embargo, no es la última herramienta, por lo que de forma paralela existe el arbitraje como un mecanismo heterocompositivo en el que por mandato constitucional se le da la potestad a un tercero llamado arbitro para que de forma transitoria administre justicia una vez se encuentre habilitado por las partes ya sea por compromiso o clausula compromisoria. Dicho proceso (judicial o arbitral) debe seguir una serie de actos dentro de los cuales se encuentra el probatorio, de ahí que nuestro ordenamiento jurídico, la jurisprudencia y la doctrina nos haya enseñado que el procedimiento probatorio se compone de las siguientes fases: solicitud, decreto, practica y valoración, considerándose la valoración como la más importante pues es en esta en que el juez es el principal protagonista y por lo tanto el único en quien recae la obligación de valorar las pruebas aportadas al proceso mediante alguno de los sistemas que históricamente han existido y tomar una decisión con base en ellas; procedimiento del cual no es ajeno el arbitraje. Precisamente al hablar de sistemas de valoración, es claro que durante el transcurso del tiempo se han venido desarrollando diferentes clasificaciones, pero para efectos de la presente investigación se sigue la postura de que son tres y no dos, cobrando en la actualidad mayor fuerza la zana critica aunque con algunos rezagos de la prueba tasada y la libre convicción; no obstante, al momento de analizar el arbitraje y los tipos de laudo que se profieren, la pregunta que de inmediato surge es la siguiente: ¿cuál es el sistema de valoración probatoria aplicable en los laudos proferidos equidad? En principio podría pensarse que es un problema al que ya se le ha dado respuesta, pensamiento que es equivocado ya que si bien autores como la profesora Ana Guiacomette Ferrer han hablado del tema, lo ha hecho de manera superficial sin adentrarse en lo realmente importante: la motivación, elemento fundamental del debido proceso y del derecho de defensa.