Programas estatales dirigidos a NNA que incurren en conductas delictivas

Abstract

En Colombia, se creó el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) por medio de la Ley 1098 de 2006, por el cual se introduce un modelo de justicia para este grupo poblacional que se encuentra en conflicto con la ley penal, por lo tanto, este se caracteriza por ser un modelo de carácter restaurativo, es decir, pretende la restitución de derechos y la resocialización mediante un esquema pedagógico. Además, esta ley establece que el Estado tiene la responsabilidad de dirimir los conflictos penales de los niños, niñas y adolescentes (NNA) infractores en el país. En este caso, el enfoque va dirigido a la ciudad de Pereira durante el período 2016-2019. Según los informes y análisis realizados, los programas estatales no son efectivos, debido a que la delincuencia juvenil no ha tenido una adecuada resocialización y restitución pedagógica del menor infractor por parte de las entidades estatales correspondientes. El enfoque penal no solo debe aplicarse cuando se ha cometido el delito, sino también para analizar las causas de estas conductas delictivas de acuerdo con su contexto social, familiar, económico, educativo y cultural desde la primera infancia. De este modo, en la mayoría de los casos, la desestabilización de su núcleo o violencia intrafamiliar, la marginalidad económica y la pobreza extrema imposibilitan el acceso a una vivienda digna, a la educación, a la salud y demás programas óptimos para la socialización del menor, lo que genera la indiferencia y el rechazo social. Esto obliga a los NNA a buscar dinero o a trabajar, lo que los lleva a abandonar su educación, limitando la construcción de principios y valores para convivir sanamente en sociedad. Este impedimento los lleva a acercarse a grupos criminales comúnmente organizados en su lugar de residencia, con el uso de armas de fuego y consumo de sustancias psicoactivas, por lo tanto, es importante prevenir estos comportamientos de los infractores y no solo buscar penalizar la conducta, puesto que, en la mayoría de los casos, el menor paga la condena y es reinsertado en el lugar donde empezaron estas conductas delictivas, lo que lo lleva a caer nuevamente en el mismo patrón.