“La Responsabilidad Internacional de las Organizaciones Internacionales en virtud del Proyecto de artículos de la Comisión de Derecho Internacional”

Abstract

El texto que a continuación se expone, es el producto de una investigación emprendida a partir de un complejo problema sobre el cual la Doctrina Internacional, se ha venido interesando especialmente en la última década, la Responsabilidad Internacional de las Organizaciones Internacionales. Para el cometido académico y con el aval del asesor institucional, la investigación se centró en la dimensión pasiva de las Organizaciones Internacionales, intentando estructurar las circunstancias en que las mismas se han visto envueltas en hechos internacionalmente inaceptables y la necesidad para que sobre la base del Derecho actual, las OI deban declararse internacionalmente responsables por perjuicios causados en territorios donde han prestado asistencia. Y es que, un infortunio de la operación de las Organizaciones Internacionales en diferentes territorios, es que según los datos, sus actividades no solo han producido buenos resultados (los esperados) sino que además en algunas ocasiones, han llegado inclusive a menoscabar Derechos Humanos en diferentes fronteras estatales, no solo por incurrir en actos prohibidos por el Derecho Internacional, sino también por no prever los alcances que pueden tener sus misiones dentro de las regiones asistidas. En ese sentido, algunas de las preguntas que dieron origen a la investigación que hoy se presenta fueron: ¿Quién repara a un ciudadano x, víctima de un daño ocasionado por una Organización Internacional? ¿En qué medida y bajo qué mecanismos es posible imputar responsabilidad a las OI en razón del producto de sus iniciativas? Y ¿A qué autoridad compete la declaración de responsabilidad de una Organización internacional? En una primera revisión, se encontró que durante mucho tiempo las OI no tuvieron una figura jurídica que les obligara a responder por los daños que podían ocasionar por sus actuaciones como sujetos internacionales; así que durante mucho tiempo también, resultó que eran Entidades “inofensivas” en el papel, aunque la realidad reflejara otra cosa. Realidad que conforme se hacía más notoria, exigía en voz más fuerte la intervención de la comunidad internacional para conseguir justicia. Fue así como objeto del desconcierto mundial y siguiendo el mandato de la Carta de las Naciones Unidas en la cual se insta a esta Organización a impulsar el desarrollo progresivo del Derecho Internacional y su codificación, la Asamblea General de la ONU a principios del milenio ordenó iniciar la labor para un proyecto de articulado de Responsabilidad Internacional de las Organizaciones, basándose en el reconocimiento de la personalidad funcional que les caracteriza, incluyendo sus obligaciones, sus objetivos, sus funciones y sobre todo anteponiendo que: i) la responsabilidad de las OI no puede ser confundida con la responsabilidad de los agentes internacionales; ii) la responsabilidad de las OI es propia en tanto que, son personas jurídicas distintas de la suma de sus miembros y; iii) habría que dilucidar si se trataba de una cuestión de responsabilidad “penal” de las OI o de una responsabilidad admitida por la práctica del tipo de la responsabilidad administrativa del derecho común. El pretendido proyecto fue efectivamente aprobado en el 63º periodo de sesiones dentro de la Comisión de Derecho Internacional en el 2011. Lo anterior, teniendo en cuenta el papel que desarrolla la ONU en la creación de un corpus de Derecho Internacional (convenciones, tratados, normas...) fundamentalmente para la seguridad internacional, aparentemente implicaba una codificación existente y un régimen aplicable; A priori podría pensarse que desde el momento de la proclamación del Proyecto, se había creado por lo menos un escenario de seguridad jurídica para todas las personas que pudieran verse afectadas por una OI, pues el trabajo jurídico de las Naciones Unidas ha respondido en el establecimiento del marco jurídico de áreas tan susceptibles como la protección del medioambiente, la regulación de la inmigración laboral, la reducción del tráfico de drogas y la lucha contra el terrorismo y, esta no podía ser la excepción. Con todo, la publicación del proyecto dejaba varias preguntas relacionadas con el verdadero alcance del proyecto “aprobado” en la legislación y la práctica internacional. Principalmente, sobre su vigencia y su aplicación en Tribunales Internacionales, después de más de media década de haber sido presentados a la Comunidad Internacional. La idea inicial era ubicar los antecedentes más importantes, sentencias o juicios que se estuvieran llevando a cabo para analizar la eficacia de las normas; Infortunadamente, la búsqueda no arrojó resultados porque sorpresivamente el publicado “Código” al día de hoy aun no cobra vigencia, entre otras cosas porque el conducto regular es que una vez la Comisión termina su labor codificadora, corresponde a la Asamblea General convocar a una conferencia internacional de plenipotenciarios para incorporar el proyecto a una convención y, para el Proyecto en estudio, tal conferencia aún no ha sido llevada a cabo. Así que en lo que corresponde a la investigación, si ya no habría análisis de casos, más bien correspondía estudiar el estado actual del articulado según la doctrina y la literatura que a nivel internacional se ofreciere. Como se observará, la investigación aquí presentada es producto de un estudio detallado, selectivo y crítico, en torno a la bibliografía científica compendiada y publicada al final del presente. Para su exposición, el texto fue estructurado en tres capítulos. El primero, tiene el objeto de contextualizar al lector, abordando en esencia los principales rasgos de los sujetos internacionales protagonistas de la presente investigación, especialmente ¿Cómo? Y ¿para qué? se integran. El segundo, expone las causas que revelaron la necesidad del establecimiento de un régimen de codificación para la imputación de responsabilidad internacional a las OI. Y el último, ha integrado sucintamente el estado actual del Proyecto y el alcance real que tiene su “adopción” dentro de la Comisión de Derecho Internacional de la Asamblea General de las Naciones Unidas para el establecimiento de responsabilidad a nivel internacional.