Responsabilidad penal de los políticos vinculados con los paramilitares

Abstract

Con respecto a la situación socio-jurídica problémica, debemos decir que con la Constitución de 1991 se consolidó un Estado Social de Derecho, el cual está conformado por las ramas del poder público que configuran la estructura del Estado y garantizan la separación de poderes, y por ende, el principio democrático (este último reflejado en la ley de pesos y contrapesos). Dentro de estas ramas del poder público encontramos al Congreso de la República que conforma el constituyente derivado encargado de representar al pueblo, debiendo actuar consultado la justicia y el bien común en la realización de las leyes1. De igual forma, los servidores públicos de elección popular desempeñan sus funciones en pro de la comunidad. Los miembros que conforman el Congreso de la República y los servidores públicos de elección popular se eligen mediante voto popular, es decir, que los ciudadanos tienen la posibilidad de escoger libremente al candidato que consideren que mejor representa los intereses de la comunidad, ahora bien, este mandato constitucional se está viendo afectado por aparatos de poder organizados, como lo son grupos guerrilleros y paramilitares, debido a que estos grupos imponen la elección de miembros de su organización o de personas que en principio no están vinculadas con estos grupos, pero que se integran a éstos, con la finalidad de ser elegidos y representar los intereses y facilitar los actos de la organización criminal.