La estructuración de los contratos estatales desde la etapa precontractual y la incidencia del principio de planeación

Abstract

Según el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia (1991), todas las autoridades de la República fueron creadas para proteger a todos los residentes de Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para garantizar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de cada uno de los particulares; por lo que la administración tiene como mecanismo para el cumplimiento de este precepto, la celebración de contratos estatales, que no tienen otro objetivo que proveer bienes y servicios. Es así como el contrato estatal se define como “todos los actos jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el presente estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad” (Ley 80 de 1993. Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. 28 de octubre de 1993. D.O. No. 41.094). Por lo anterior, las entidades estatales para la celebración de los contratos deben sujetarse, ya sea al Estatuto de Contratación, o en los casos de entidades que sean de régimen especial, se regirán por las normas previstas para su contratación.