Materialización de los Derechos Humanos en la democracia

Abstract

Uno de los mayores legados de la cultura griega es la democracia como institución republicana, ésta, se ha constituido en occidente, sobre todo, en la forma de organización política por excelencia, ya que es una de las principales características del Estado Nación. No obstante, su entendimiento, conceptualización y desarrollo no ha sido el mismo. Es así como en la Revolución francesa de 1789, otras instituciones políticas tuvieron más relevancia, tal es el caso de los llamados patriotas, o los mismos Jacobinos, cercanos a la Revolución. Fue con el tiempo que la democracia alcanzó el centro de la organización social y jurídica, pero de la mano de la concepción capitalista del Estado. Hoy día, es difícil no encontrar Estados organizados como democracias, pero la mayoría, dándole prevalencia a la concepción capitalista, y al desarrollo desmedido de la libertad individual, el consumismo, la depredación y la cosificación del ser humano. Lo anterior, ha provocado una tensión entre la democracia como sistema y la teoría contemporánea de los derechos humanos y fundamentales, los cuales en la actualidad, al menos teóricamente, han alcanzado máxima prevalencia al interior de dichos sistemas, tanto en lo político, social, como en lo jurídico, problematizando la cohabitación entre la democracia capitalista de las mayorías, respecto a la concepción garantista de los Derechos Humanos, los cuales desde el ius naturalismo, se encuentran por encima de las mismas instituciones republicanas. En el caso colombiano, como en la mayoría de los países donde existe como organización política-jurídica una democracia, existe a la vez, un reconocimiento jurídico e histórico de los derechos humanos, pero dada la persistencia de la inequidad social, y hasta hace poco, del conflicto armado con la insurgencia, se evidencian violaciones concretas, incluso de lesa humanidad, de los Derechos Humanos por parte del Estado, y no solo por el sistema económico y social imperante, sino además, por parte de la policía, las fuerzas militares y de seguridad. Responsabilidades políticas y sociales, documentadas tanto por las ONG afines al amparo y promoción de tales garantías, como por la Corte Pernal Internacional y su correspondiente para Latinoamérica.