Aplicación de la derrotabilidad de las normas en materia procesal. Análisis de las vicisitudes en las leyes 1437 de 2011 y 1564 de 2012

Abstract

Con la implementación de la Ley 1564 de 2012 –Código General del Proceso- se estableció su aplicación subsidiaria en la Jurisdicción Contenciosa Administrativa para asuntos que no tuvieran regulación expresa, lo que implicó una serie de interpretaciones en la práctica judicial frente a la integración de la normativa civil en materia administrativa, dando lugar a vicisitudes procesales, entendidas como el escenario donde se presentan diferentes alternativas de elección, afectando la seguridad jurídica y los derechos del administrado. En tal sentido, se pretende determinar qué herramientas permitirían desarrollar la actividad judicial conforme los principios y garantías de acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva. Ahora bien, en el primer capítulo del presente proyecto de investigación se identificarán las vicisitudes de algunos aspectos procesales, cuándo se interpreta que se debe aplicar el Código General del Proceso en el procedimiento contencioso administrativo y cuándo el estatuto contencioso tiene identidad propia para resolver sus controversias. En ese sentido, se desarrollaran temas como: los procesos ejecutivos, la condena en costas, el juramento estimatorio, la contradicción del dictamen, las pruebas de oficio, las excepciones previas y el requisito de procedibilidad. La segunda parte del proyecto de investigación, establecerá la posición jurisprudencial que se ha tomado por los diferentes organismos de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa frente a las vicisitudes y problemáticas en los procesos ejecutivos, la condena en costas, el juramento estimatorio, la contradicción del dictamen, las pruebas de oficio, las excepciones previas y el requisito de procedibilidad. Al interior de ese capítulo, se podrá comprender la confrontación que en la práctica judicial ha persistido, pues se han evidenciado por las instancias judiciales involucradas, sendas posturas que no han permitido tener seguridad jurídica en la resolución de las controversias judiciales puestas a consideración, evidenciando un problema de decisionismo judicial.