Las implicaciones de la minería artesanal del oro en el cumplimiento de los fines esenciales del estado: caso arenal y Santo Domingo – Bolívar.

Abstract

La presente investigación se configura como un análisis meticuloso de las múltiples problemáticas que convergen en estas localidades debido a la minería artesanal, una actividad económica vital pero profundamente precarizada. Esta práctica, sustentada en la informalidad y desprovista de regulación efectiva, ha consolidado un panorama de vulnerabilidad extrema que abarca aspectos ambientales, sociales y económicos. La investigación denuncia, además, el incumplimiento sistemático del Estado en garantizar derechos básicos, exponiendo una desconexión crítica entre los objetivos constitucionales y la realidad vivida por estas comunidades. Desde una perspectiva económica, la minería artesanal constituye el sustento de un número significativo de familias en Arenal y Santo Domingo. Sin embargo, esta dependencia económica está lejos de ser una solución sostenible. Los ingresos derivados de esta actividad son insuficientes y altamente volátiles, afectados tanto por las fluctuaciones en los precios del oro como por los costos desmedidos de insumos esenciales, como el mercurio, utilizado en procesos de amalgamación. Esta informalidad perpetúa un modelo de subsistencia que deja a los mineros atrapados en un ciclo de precariedad económica, sin acceso a seguridad social, estabilidad laboral o posibilidades reales de progreso. En términos ambientales, los impactos de la minería artesanal son devastadores y multifacéticos. El uso de sustancias químicas tóxicas, en particular mercurio y cianuro, genera una contaminación severa en los suelos y cuerpos de agua, comprometiendo la biodiversidad y la salud humana. A estas prácticas se suman métodos rudimentarios como el barequeo, que, aunque representan una tradición en estas comunidades, resultan en deforestación, erosión y alteraciones significativas en los ecosistemas locales. La falta de supervisión y asistencia técnica estatal exacerba estas problemáticas, dejando a las comunidades sin herramientas para mitigar el daño ambiental. El ámbito social presenta desafíos igualmente apremiantes. La educación en estas regiones se encuentra profundamente limitada por la escasez de docentes y la inadecuada infraestructura escolar, lo que deriva en interrupciones prolongadas en la enseñanza y tasas alarmantes de deserción escolar. Esto no solo restringe el desarrollo personal de los jóvenes, sino que los empuja hacia la minería artesanal como única alternativa económica, perpetuando el ciclo de pobreza. En cuanto a los servicios de salud, la situación no es menos crítica. Los centros de atención carecen de especialistas y recursos adecuados, obligando a los residentes a trasladarse a municipios distantes para recibir tratamiento. Esta precariedad, sumada a la falta de transporte eficiente, coloca a las comunidades en una posición de vulnerabilidad extrema frente a emergencias sanitarias. La relación entre el Estado y estas comunidades se caracteriza por una desconexión estructural. Los mineros desconocen los procesos de formalización debido a la ausencia de programas informativos o de capacitación. La falta de regulación no solo perpetúa la informalidad de la actividad, sino que también priva a los trabajadores de beneficios asociados a un marco legal formal, como protección laboral y acceso a programas de desarrollo económico. A esto se suma la ausencia de infraestructuras básicas, como carreteras transitables, que limita severamente la diversificación económica y consolida una dependencia desproporcionada de la minería artesanal. La presente investigación concluye que la minería artesanal en Arenal y Santo Domingo es un reflejo contundente del incumplimiento de los fines esenciales del Estado colombiano. La incapacidad de garantizar derechos fundamentales, como la educación, la salud y un medio ambiente sano, pone en evidencia una falla sistémica en la estructura estatal. La informalidad y los riesgos inherentes a esta actividad económica perpetúan una dinámica de exclusión social y degradación ambiental que contrasta con los principios constitucionales de equidad y desarrollo sostenible. Entre las recomendaciones destacadas, se enfatiza la necesidad de una intervención estatal integral que aborde la formalización de la minería artesanal mediante procesos accesibles, transparentes y efectivos. También se propone la capacitación técnica en prácticas sostenibles y seguras, acompañada del desarrollo de infraestructuras básicas como caminos, escuelas y centros de salud que permitan a las comunidades acceder a servicios esenciales. Además, se subraya la importancia de diversificar las fuentes de ingreso mediante la implementación de programas productivos alternativos, que reduzcan la dependencia de la minería artesanal y fomenten un desarrollo económico más estable y equitativo. De este modo, la investigación recomienda la realización de llamado urgente a la acción del Estado, instándolo a cumplir su rol como garante de derechos y promotor de un modelo de desarrollo que priorice el bienestar colectivo, la sostenibilidad ambiental y la equidad social. Solo mediante un compromiso firme y estructurado será posible transformar la realidad de estas comunidades y avanzar hacia un futuro más justo y sostenible.