Hermenéutica constitucional: responsabilidad estatal en la protección de líderes sociales (2016 - 2022)

Abstract

El conflicto armado ha representado uno de los mayores problemas en la historia de Colombia, lo que ha repercutido, negativamente, en miles de personas que, día tras día, tuvieron que someterse a la arbitrariedad y tenacidad de la guerra. A partir de dicho conflicto, las personas damnificadas vivieron una serie de vulneraciones a sus derechos, puesto que muchos de ellos perdieron la vida como resultado de las disputas bélicas entre los grupos insurgentes y el Estado colombiano. De este modo, concluyeron más de 50 años de conflicto con el grupo armado autodenominado Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), posterior a un proceso de paz que finalizó con la firma de un Acuerdo en el año 2016; en este, se expusieron una serie de directrices bajo las que se pretendía alcanzar una paz duradera y estable que, posteriormente, se vio alterada por distintas situaciones y la presencia de grupos disidentes que, actualmente, atentan contra la población civil y las personas que pretenden ayudar en los territorios de conflicto, mejor conocidos como líderes sociales o comunitarios.

Cabe resaltar que la cifra de homicidios a líderes sociales como terceros no involucrados en el conflicto armado incrementó después de la firma del Acuerdo, por ello, surge la necesidad de analizar el fenómeno post-firma desde este contexto, debido a que la violencia es parte de la cotidianidad de los ciudadanos colombianos arraigados en los territorios de conflicto. Así, se han contemplado una serie de normatividades y recopilado jurisprudencia de la Corte Constitucional, lo que implica la acción estatal para garantizar el derecho a la vida y la integridad personal de las víctimas del conflicto armado constituidas como personas protegidas por el Derecho Internacional Humanitario (DIH), lo que se analiza para determinar la hermenéutica constitucional que se aplica para el contexto, pues esta es una conducta delictiva con especial protección constitucional por estar ligada con el bloque de constitucionalidad de Colombia.