El principio de autonomía administrativa y los pliegos tipo en la selección de licitación de obra pública de infraestructura de transporte

Abstract

Las modificaciones normativas que se han incorporado al sistema jurídico de la contratación pública en Colombia mediante la Ley 1882 de 2018 y el Decreto 342 de 2019; se han fundamentado de manera expresa en la incorporación de unos requisitos obligatorios de “Pliegos Tipo” en los contratos de obra pública de infraestructura en Colombia. No obstante, el cumplimiento estricto de los requisitos de adopción de unos pliegos tipos para todo el sistema contractual en temas de infraestructura ha sido un tema de especial coyuntura; en el cual no se han analizado de manera previa las consecuencias técnicas y administrativas que conlleva la búsqueda de una unanimidad en los documentos que se deben presentar en los procesos de licitación de obra pública. Es por esto, que en primer lugar se destaca la afectación a los principios rectores de la contratación pública que de manera previa se instituyeron en la Ley 80 de 1993 en la cual se les han otorgado a las entidades territoriales una serie de facultades que se enmarcan precisamente en los lineamientos jurídicos de las normas de contratación pública y el cumplimiento de los fines esenciales del Estado.

The regulatory modifications that have been incorporated into the legal system of public procurement in Colombia through Law 1882 of 2018 and Decree 342 of 2019; They have been expressly based on the incorporation of mandatory requirements of "Standard Specifications" in public infrastructure works contracts in Colombia. However, strict compliance with the requirements for the adoption of standard specifications for the entire contractual system in infrastructure matters has been a matter of special conjuncture; in which the technical and administrative consequences of the search for unanimity in the documents that must be presented in the public works bidding process have not been previously analyzed. This is why, in the first place, the impact on the guiding principles of public procurement that were previously instituted in Law 80 of 1993, in which the territorial entities have been granted a series of powers that are framed precisely in the legal guidelines of the rules of public procurement and compliance with the essential fines of the State.