La protección de los derechos fundamentales frente a la ocupación ilegal en predios privados en Colombia

Abstract

El Derecho a la propiedad en Colombia a lo largo de los años ha tenido grandes variantes, debido a que por muchas situaciones varias familias se han encontrado en la necesidad de ocupar un lugar sea porque tal vez han comprado un predio que se encuentra en falsa tradición, o porque sus familiares han estado en ese lugar por un largo periodo de tiempo, y requieren sanear estos predios o porque tal vez como muchos colombianos se han encontrado en una situación de vulneración al ser desplazados por la violencia que es el factor principal por el cual se puede dar la ocupación ilegal de un predio en Colombia y esta problemática ha sido un tema de gran discusión dentro de la normatividad colombiana, al presentarnos varias premisas sobre todo por la necesidad de preservar, dignificar y respetar los derechos fundamentales de todas las personas y sobre todo de aquellas que se encuentran en estado de vulneración; por tal razón, es importante determinar que el artículo 58 aclara que “Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública o interés social, resultaren en conflicto los derechos de los particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder al interés público o social”

Razón por la cual el Estado debe propender por el bienestar de toda la sociedad, garantizando la protección a las familias y a quienes hacen parte de estas, con una vivienda y vida digna, mediante el cual este Estado se convierte en un Estado paternalista y consiente de la necesidad de protección por el respeto de la vida, la salud, en este caso la vivienda digna entre otros. En el presente artículo se abordaran varias temáticas, como el derecho a la propiedad privada frente a la ocupación ilegal de los predios pero aunado a esto la responsabilidad que tiene el Estado de proteger la vida y dignidad humana, frente al delito de ocupación ilegal de la propiedad, es decir el estado debe garantizar una protección constitucional y dignificar todos los derechos fundamentales de todos los ciudadanos que se encuentren a su cargo, sobre cualquier tipo de ocupación ilegal, sobre todo en casos de desplazamiento forzado, y más en nuestro país el desplazamiento ha sido una figura que ha marcado varias familias y generaciones debido a los problemas con los grupos al margen de la ley, los cuales han hecho que varias familias estuviesen en esta situación de encontrarse en desplazamiento. Por tal motivo compete al Estado salvaguardar y respetar sus derechos fundamentales, no solamente desde la vida digna, el derecho a la familia, salud, propiedad sino también propender por un derecho a la vivienda, mediante el cual constitucionalmente consagra que “Todos los colombianos tienen derecho a vivienda digna. El Estado fijará las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y promoverá planes de vivienda de interés social, sistemas adecuados de financiación a largo plazo y formas asociativas de ejecución de estos programas de vivienda”.