Procedimiento Agrario de clarificación Colombia: Desarrollo, problemas y propuestas para satisfacer el derecho a la tierra y a la propiedad privada de la población campesina

Abstract

Los movimientos sociales de la primera mitad del siglo XX en América Latina impulsaron la discusión sociopolítica para la creación de mecanismos que mitigaran la brecha del acceso a la tierra entre la población rural y el resto de la sociedad, incluyendo el Estado. En Colombia, desde 1936 se empieza a configurar la reforma agraria nacional, que se desarrolló y concretó en varios decretos y leyes en los sucesivos años con el fin de establecer el estatus legal de los predios, es decir, determinar si son baldíos o de propiedad privada y dar curso a los mecanismos correspondientes para clarificar y conceder los derechos a quienes corresponda. Los hitos históricos más recientes de esta reforma agraria son el Acuerdo de Paz firmado durante el periodo presidencial de Juan Manuel Santos, la creación de la Agencia Nacional de Tierras, y la sentencia SU-288 de 2022 de la Corte Constitucional. A pesar de las iniciativas legales y jurisprudenciales, el procedimiento agrario de clarificación no ha sido eficaz para satisfacer el derecho a la tierra de la población campesina. Este trabajo parte de la hipótesis de que dicha ineficacia y largos retrasos de los casos de clarificación de la propiedad tienen su origen en posibles malinterpretaciones de la normativa, además de contradicciones, ralentizaciones y conflictos entre la fase administrativa y la fase judicial. Este artículo, desde una perspectiva dogmática y sociojurídica, describe el desarrollo histórico y los antecedentes jurídicos del procedimiento agrario de clarificación de la propiedad en Colombia para luego analizar dicha normativa fundamental, su aplicación concreta en el municipio de Aguazul, Casanare, y los últimos hitos y avances en la materia. Finalmente, se proponen herramientas jurídicas para aportar una posible solución a los problemas que el procedimiento de clarificación enfrenta y así no menoscabar más los intereses de la población rural.