Realidad actual de la declaratoria de estado de cosas inconstitucionales en materia penitenciaria y carcelaria: aportes desde la sentencia su-122 de 2022

Abstract

El sistema penitenciario y carcelario en Colombia, pasa por uno de los momentos más coyunturales de la historia, esto debido, a los altos porcentajes de hacinamiento carcelario, aunado a una resocialización frágil, que no es capaz de contener de manera eficiente la reincidencia delincuencial. Esa fragilidad estatal, que está permeada de corrupción, de falta de inversión, de delimitación de competencias, etc., ha conllevado no solo a empeorar el fenómeno en los establecimientos penitenciarios, sino agravar la situación carcelaria en los centros de detención transitoria, entre ellos las estaciones de Policía, donde albergan cantidad de PPL, los cuales esperan intermediación de los entes de control como la procuraduría, por medio de los personeros municipales, solicitando el traslado a un establecimiento penitenciario, como lo establece las diferentes boletas de encarcelación emitidas por un juez de la república. Sin duda alguna, el fenómeno del hacinamiento penitenciario es violatorio de los derechos fundamentales de los PPL. De ahí que la Corte Constitucional, como órgano de cierre, tome alternativas jurisprudenciales como la sentencia de unificación SU 122 de 2022 para dar órdenes concretas a las diferentes autoridades en busca de alternativas y estrategias que permitan superar el estado de cosas inconstitucionales que a la postre se ha extendido a los centros de detención transitoria. Por lo tanto, desde este artículo abordaremos el estado actual de la declaratoria de estados de cosas inconstitucionales desde los aportes de la sentencia ya referida (SU 122 de 2022), que recoge además diferentes sentencias con el mismo objeto que a la fecha no han dado resultado, profundizando en las actuaciones administrativas de las autoridades con responsabilidad directa de las PPL, para evidenciar las acciones de cumplimiento y las estrategias de articulación institucional, en cadena con la política criminal, la delimitación de competencias administrativas y las voluntades políticas. Hemos realizado un análisis detallado de la problemática desde las actuaciones de las diferentes autoridades. Para ello, auscultando sus pronunciamientos jurídicos y conociendo sus posturas frente a la problemática, se ha logrado establecer que se están aplicando diferentes fórmulas de solución para contener y reestructurar el estado de cosas inconstitucionales, que de manera significativa marca un camino diferente para el sistema penitenciario.