Propuesta de implantación del sistema penal acusatorio en la justicia penal militar

Abstract

A raíz de la promulgación de la Constitución del 91 que creó la Fiscalía, la JPM debió adaptarse al sistema acusatorio, obligándola a eliminar procedimientos que, a juicio de los militares, eran efectivos al momento de administrar justicia como los consejos verbales de guerra y la defensoría técnica. A esto se sumó la obligación legal de que todos los fallos deban ser revisados por el Tribunal Superior Militar para confirmar o revocarlos, lo que generó un cuello de botella en el trámite es expedientes. Es así como una investigación por deserción, que antes tomaba tres meses para decidir, hoy puede durar hasta tres años. Además, la falta de investigadores para la recopilación de pruebas obliga a los jueces a recurrir a organismos de investigación como el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía y a la Policía para analizar pruebas, entidades ya de por sí congestionadas por los casos de la justicia ordinaria. Ante este panorama el Gobierno debe tomar medidas de choque para salvar la justicia castrense.