Responsabilidad del Estado colombiano en las ejecuciones extrajudiciales o arbitrarias

Abstract

El Estado tiene el deber y la obligación moral de servir, cumplir y hacer cumplir derechos, facilitar el desarrollo e integridad de los colombianos, todo esto plasmado en la carta magna nacional por ello es inconcebible que miembros del Estado cuya función es protegernos a todos, lleguen a ocasionar daños irreparables diferentes familias colombianas y por variadas causas entre ellas por ello es objetivo de este trabajo analizar algunos asesinatos cometidos por algunos de ellos. Los falsos positivos son una problemática social que ha afectado a diferentes sectores de la sociedad, desde los estratos más bajo hasta lo más altos e involucran a miembros del ejército colombiano acusados del asesinato de civiles haciéndolos pasar como guerrilleros muertos en combate, todo esto dentro del marco del conflicto armado con el objetivo de presentar resultados por parte de las brigadas de combate. A este tipo de situaciones se le conoce dentro del derecho internacional humanitario como ‘“Ejecuciones Extrajudiciales’’ La Metodología utilizada en el desarrollo de esta investigación se enmarcó en el paradigma cualitativo. Debido a que la intención es especificar las diferentes formas en que se dieron en Colombia las ejecuciones extrajudiciales llamadas también “falsos positivos”. También se quiere con esta investigación realizar un análisis que permita la compresión efectiva del tema objeto de estudio, abordándolo de una manera integral ya que se pretende abarcar el análisis de esta temática mediante otras fuentes, tales como jurisprudencia, doctrinas. Se revisaron los casos más relevantes teniendo en cuenta el impacto negativo que estas acciones generaron en las familias afectadas y la sociedad en general por la forma engañosa en que vincularon a algunos jóvenes prometiendo para ellos trabajo en lugares diferente a sus sitios de origen y la ocurrencia de los hechos, la posición asumida por parte del Consejo de Estado en casos concretos dados a partir de la implementación de la política de seguridad democrática, teniendo en cuenta la ocurrencia de los hechos dentro del periodo comprendido entre los años 2002 y 2010. Y por último se enfocó en la responsabilidad que recae en el Estado por estas ejecuciones a partir de la jurisprudencia revisada mirándolo desde un alcance social y político.