Masacre de La Rochela, 30 años de impunidad

Abstract

La presente investigación pretende dar a conocer las consecuencias y actos de reparación que tuvieron lugar a raíz de la masacre perpetuada el dia 18 de enero de 1989 en inmediaciones del corregimiento de La Rochela, municipio de Simacota, departamento de Santander. Masacre perpetrada por una tropa paramilitar, con la histórica probada colaboración de narcotraficantes y miembros del ejército, en la que murieron 12 de 15 funcionarios pertenecientes a una “comisión de la Fiscalía General de la Nación que investigaba varios delitos en la zona (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2007a). “ Entre las personas asesinadas extrajudicialmente figuran “ Mariela Morales Caro, Pablo Antonio Beltrán Palomino, Virgilio Hernández Serrano, Carlos Fernando Castillo Zapata, Luís Orlando Hernández Muñoz, Yul Germán Monroy Ramírez, Gabriel Enrique Vesga Fonseca, Benhur Iván Guasca Castro, Orlando Morales Cárdenas, César Augusto Morales Cepeda, Arnulfo Mejía Duarte y Samuel Vargas Páez” (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2007a). De la anterior acción, igualmente resultaron heridos “Arturo Salgado Garzón, Wilson Humberto Mantilla Castilla y Manuel Libardo Díaz Navas (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2007a).” Treinta años después, el caso permanece en el despotismo y la impunidad, con la consecuente no condena a la mayoría de los autores de la masacre. En este documento de investigación se determina la evolución histórica y las diversas acciones realizadas por organismos nacionales e internacionales frente a la reparación a las familias de las víctimas, así como las medidas y avances de las acciones judiciales materializadas por parte del Gobierno de Colombia. Con base en lo anterior, se hace un llamado a una sociedad indolente frente a los alcances de los diversos brazos armados ilegales, quienes aportan con su accionar el caos, la insensibilidad y el horror de una violencia sin cuartel que nos azota desde hace más de 60 años.

Este estudio pertenece a la línea institucional del área de investigación sociojurídica la Universidad Libre, en concordancia con su misión y visión. Por tanto, esta pesquisa indaga en la realidad del pasado y del presente de la sociedad colombiana. Así pues, en esta investigación se da a conocer la situación problémica que acontece a partir de la demanda contra el Estado de Colombia interpuesta por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 10 de marzo de 2006, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 50 y 61 de la Convención Americana de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esta petición tiene como fuente la denuncia No. 11.995, elevada ante La Secretaría de la Comisión Interamericana el día ocho del mes de octubre del año 1997 (Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, et al., 2010). La denuncia antes mencionada pretendió la declaratoria al Estado de Colombia “responsable por la violación de los artículos 8 (Garantías Judiciales) y 25 (Protección Judicial) de la Convención Americana en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de las presuntas víctimas y sus familiares” (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2007b, p.3). Derivado de lo anterior, la Comisión peticiona a la Corte que ordene al Estado Colombiano explícitas medidas de reparación (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2007b). A la luz de lo anterior, surge la siguiente pregunta problema: ¿Se cumplieron por parte del Estado colombiano las acciones de verdad, justicia y reparación a las familias víctimas del caso La Rochela, 30 años después? Para contestar esta pregunta, se formula la siguiente hipótesis: La actuación por parte del Estado colombiano no se ha hecho efectiva en los aspectos de verdad, justicia y reparación, en cumplimiento de los diversos fallos internacionales emitidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dirigidos a resarcir los perjuicios económicos y morales causados a las familias de las víctimas, y se presenta impunidad con ocasión a la masacre de La Rochela por cuanto no se ha investigado ni sancionado a los autores materiales de esta masacre. Con el fin de corroborar o rechazar la hipótesis formulada, esta pesquisa tiene el objetivo general de determinar si como consecuencia de esta acto delictivo, las víctimas y sus familiares han recibido, por parte del Estado colombiano, el acatamiento de la disposición tomada por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Consecuentemente, para alcanzar el objetivo general, se establecen tres objetivos específicos: (1) analizar si por parte del Estado Colombiano se ha hecho justicia en el suceso de la masacre La Rochela; (2) estudiar el contenido jurídico y los alcances del fallo proferido de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con respecto a la masacre de La Rochela; (3) determinar si con ocasión del caso de La Rochela no ha existido impunidad. Para dar cumplimiento a los objetivos específicos trazados, esta investigación de corte documental se enmarca en una metodología de naturaleza cualitativa, de alcance exploratorio y con un enfoque jurídico. De ahí que se realice una revisión documental de los hechos y de la jurisprudencia relacionada. Además, se emplean como instrumentos de recolección de información la interpretación y la combinación de información que se obtuvo mediante fuentes documentales y el contenido resolutivo del fallo de la Corte interamericana de Derechos Humanos frente a tres aspectos esenciales como verdad, justicia y reparación. La importancia de la presente investigación radica en el análisis claro y objetivo sobre la crisis por el irrespeto de los derechos humanos en el Estado colombiano. Cabe resaltar que este fenómeno también se presentó en las principales dictaduras militares en países como Chile, Brasil, Uruguay, Argentina que tuvieron en vilo a Latinoamérica en las décadas pasadas del 60 y 70. Este irrespeto por los derechos humanos se estructura organismos represivos que usan prácticas en desapego al humanismo y en la comisión de crímenes de lesa humanidad como son las torturas, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y genocidio por parte del Estado (Anaya & Mogollón, 2016). No obstante, las fallas evidentes del sistema judicial colombiano imposibilitan el seguimiento y sanción del delito a los responsables de estos hechos (Anaya & Mogollón, 2016). Estas fallas se dan en el contexto de un país en donde las acciones delincuenciales de los grupos ilegales son vastas y sobrepasan los límites de la crueldad y degradación hacia las víctimas. Aunado a lo anterior, en Colombia presenta índices históricamente altos de impunidad y no resarcimiento de perjuicios a las familias de las víctimas de la violencia. Esta impunidad compromete a los órganos del Estado, así como el accionar delincuencial de los actores externos, quienes, en muchas ocasiones, son amparados por miembros activos de las propias instituciones encargadas de servir y proteger (Anaya & Mogollón, 2016). El caso de la masacre de La Rochela es un claro ejemplo de lo anteriormente expuesto por su connotación y repercusiones en el tiempo, los cuales permanecen en la mente de la sociedad colombiana. De ahí que se justifique la presente investigación como una herramienta de consulta para todos aquellos que quieran escrutar y entender la magnitud de eventos nefastos que vienen marcando la realidad colombiana desde hace más de 70 años. Además, con este estudio se pretende concientizar a todos los interesados y al ciudadano del común sobre una dolorosa realidad, en la cual la impunidad y los delitos contra la vida siguen al orden del día. Lo anterior contrasta con el hecho de que el Estado colombiano cuenta con el personal idóneo en diversas ramas de la investigación penal y recaudo de pruebas. No obstante, no se han producido resultados definitivos frente a la sanción de autores y determinadores de conductas punibles. Treinta años después del caso de La Rochela, las masacres y genocidios siguen a la orden del día. A su vez, a pesar del fortalecimiento económico, logístico y operativo de las fuerzas militares, las acciones delictivas de los grupos ilegales se siguen ejecutando en cada lugar de Colombia (Anaya & Mogollón, 2016).