El Principio de Jurisdiccionalidad en el procedimiento sancionatorio seguido en contra de los servidores públicos elegidos por voto popular

Abstract

La Constitución Política de Colombia entrega al Procurador General de la Nación, amplias facultades investigativas y de sanción. Aunque estas prerrogativas son de vieja data, resulta novedoso su estudio en esencia, por los múltiples desacuerdos incluso mediáticos, de la suspensión, destitución e inhabilidad de funcionarios elegidos por voto popular, primigeniamente con ocasión del fallo proferido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 8 de julio de 2020 “Caso Petro Urrego Vs. Colombia”, caso base del presente estudio. En la Corte Interamericana se han fallado cuarenta procesos en contra del Estado Colombiano, en la mayoría de los casos se conmina al Estado colombiano a adecuar el ordenamiento jurídico interno en aras de que este se ajuste a los estándares mínimos internacionales cuando de derechos humanos se trata. Así es que, la incidencia de una sanción disciplinaria trasciende al ámbito internacional, tema que permite abordar el acatamiento de los principios y garantías judiciales en el curso de un proceso disciplinario, en especial, el principio de jurisdiccionalidad, que a la postre, puede comprometer derechos fundamentales interna e internacionalmente reconocidos que provocan la declaración de una responsabilidad estatal, que bien podría prevenirse.