Consentimiento para la aplicación de los tratamientos médicos considerados indispensables: estado jurídico en Colombia

Abstract

El presente proyecto de investigación tiene como objetivo general el análisis de los pormenores jurídicos que se relacionan con el consentimiento para la aplicación de los tratamientos médicos considerados indispensables. Para cumplir con este propósito investigativo, este trabajo se basa metodológicamente en el enfoque cualitativo, en el método jurídico y en el diseño explicativo. Además, se estipuló al análisis documental y a la entrevista como las técnicas para la recolección de la información. Con base en lo anterior, se encontró que dentro del artículo 15 de la Ley 23 de 1981 quedó establecido que es necesario solicitarle al paciente un consentimiento informado para la aplicación de aquellos tratamientos que se conciban como indispensables, los cuales pueden ser médicos o quirúrgicos y dar origen a alguna afectación en el ámbito físico o psíquico. Todas estas consecuencias deberán ser conocidas, de forma anticipada, por el paciente que recibirá el tratamiento o quienes sean sus responsables. Frente a otra normativa que trata la figura del consentimiento informado, el Decreto 3380 de 1981 expuso que se trata de un aviso que se debe efectuar de forma sensata con el objetivo de expresarle al paciente acerca de los efectos adversos que pueden desembocar de un procedimiento quirúrgico o un tratamiento médico. Esa misma norma, instituyó que el profesional de la salud quedará exonerado de hacer el manifiesto del riesgo previsto cuando el paciente presente una ausencia de parientes o allegados, también cuando exista una emergencia o urgencia de establecer el tratamiento, siendo consignadas estas circunstancias en el historial clínico. Por otra parte, de acuerdo con la jurisprudencia, el consentimiento informado es la forma en la que se salvaguarda el derecho del paciente a ser autónomo. La omisión de la obligación de informa conlleva a una culpabilidad por parte del médico. Sin embargo, las fuentes primarias abordadas en este trabajo sostienen que no existe una unificación normativa y jurisprudencial que se adapta a las complejidades que trae cada procedimiento médico.