Perspectiva en la aplicación de los lineamientos del ministerio de defensa nacional para caracterizar y enfrentar a los grupos armados organizados GAO, contenidos en la directiva No. 15 del ministerio de defensa, en la región del Catatumbo, Norte de Santander

Abstract

La directiva No. 15 del 22 de abril de 2016 emitida por el ministerio de defensa, establece parámetros para caracterizar y categorizar a las estructuras criminales como grupos armados organizados (GAO) o grupos delictivos organizados (GDO) delimitando el marco jurídico aplicable para enfrentarlos, con fundamento en la necesidad de brindar respuestas más contundentes frente al nivel de hostilidades y organización de algunas estructuras armadas denominadas hasta la vigencia de la directiva 15, como Bacrim. Estos grupos han desbordado la capacidad de la policía nacional en su lucha por reducirlos y desarticularlos. En este sentido, la directiva 15, fundamenta la posibilidad de atacarlos con mayor contundencia en acciones conjuntas entre policía y ejército, acogiéndose a los marcos de protección del derecho internacional humanitario, sin reconocer expresamente la existencia de un conflicto armado de carácter no internacional, y en su lugar se limita a justificar la aplicación de este marco de protección, bajo la necesidad de establecer nuevos lineamientos para lograr un procedimiento armado que le permita a la fuerza pública cumplir su misión constitucional, actuar frente a la evolución de la delincuencia organizada y transnacional que afecta la seguridad de los colombianos, así como para garantizar la seguridad jurídica de los miembros de la fuerza pública. En este orden de ideas, la directiva No. 15 ha caracterizado a tres estructuras armadas como grupos armados organizados GAO, dentro de los cuales se encuentra el reducto del frente Libardo mora toro del ejército popular de liberación EPL, renombrado por la fuerza pública y los medios de comunicación bajo el nombre de “los pelusos”, con presencia en la región del Catatumbo. El marco de acción bajo el cual actúa la fuerza pública contra el grupo armado EPL en el Catatumbo, de conformidad con lo establecido en la directiva 15, trae consigo consecuencias humanitarias derivadas de los resultados colaterales que implican dichas acciones militares. el presente artículo busca determinar la perspectiva en la aplicación de los lineamientos del ministerio de defensa nacional para caracterizar y enfrentar a los grupos armados organizados GAO, contenidos en la directiva No. 15 del ministerio de defensa, en la región del Catatumbo, Norte de Santander. The ministry of defense through the directive No. 15 of April 22 of 2016 establishes parameters to characterize and categorize criminal structures, called by the government as organized armed groups (GAO) or organized criminal groups (GDO). It defines the legal framework in order to face by military attacks some of those armed structures, called under this resolution as “BACRIM”. Based on the guideline pointed in this act of law the police and national army can fight forcefully those criminal groups according to the international humanitarian law frame, without recognizing a non-international armed conflict. Instead, this resolution enables the application of this protection framework in order to establish the line of action for an armed attacked to fulfill its constitutional duty and brings legal safeguard to the police force. Also, it demands to hold those groups expansion and the organized crime raise, who impact the national security. Therefore, this resolution set up three armed structures as organized armed groups (GAO). one of the is the libardo mora toro front part of the ejército popular de liberación (EPL) with presence in catatumbo, also called by the government and the mass media as "los pelusos". The public force can face those groups in catatumbo according to the legal framework given by the (resolution, act of law– directiva No. 15). Nevertheless, there are humanitarian consequences because of the military actions against the EPL. This article identifies and analyzes the consequences of the prosecution of the guidelines pointed out in the directiva No. 15 given by the Colombian ministry of national defense to confront the organized army groups (GAO) in catatumbo, north of Santander.