Una aproximación a los límites de las actuaciones administrativas en materia de antecedentes penales. Colombia

Abstract

El Departamento Administrativo de Seguridad DAS , órgano estatal que desde su origen en el año de 1953, fue instituido bajo el concepto de servicio de inteligencia en aras de atender en forma especializada todo aquello que tuviera que ver con la seguridad interior y exterior de la Nación y al régimen Constitucional 4, durante varias décadas cumplió tales cometidos, sin embargo, luego de una larga reforma interna del país, bajo el predominio de coyunturas políticas y sociales que llevaron un nuevo modelo de Estado con la expedición de la Constitución Política de 1991, el ejecutivo en ejercicio de las atribuciones conferidas por la norma superior, además de las funciones ya encomendadas, le asignó aquella de llevar los registros delictivos y de identificación nacionales y expedir los certificados judiciales con base en el canje interno y en los informes o avisos que las autoridades judiciales de la República debían rendir oportunamente. En este campo es pertinente recordar que el Constituyente de 1991, estableció en el Artículo 248 de la norma fundamental, que tienen la calidad de antecedentes penales únicamente las condenas proferidas en sentencias judiciales en forma definitiva. Así las cosas, en consideración de la función supra citada, el Departamento Administrativo de Seguridad DAS expidió hasta enero de 2012 los certificados judiciales y de policía, bajo el amparo de las facultades que le fueron conferidas para reglamentar la materia. Para abordar el presente tema de investigación es preciso definir, en primer lugar, el concepto y naturaleza del certificado judicial, documento público por medio del cual se certificaba la situación judicial de un ciudadano frente a la administración de justicia, es decir, indicaba si el titular tenía o no asuntos pendientes con las autoridades judiciales. Lo anterior para señalar, en segundo lugar, que las actuaciones administrativas por medio de las cuales se ha venido reglamentando la expedición del certificado judicial de antecedentes penales, establecieron condicionamientos que parecieran atentar contra la efectiva garantía y goce de derechos fundamentales, puesto que, a pesar que el sujeto (titular de la información) había cumplido la pena o se había beneficiado del fenómeno de la prescripción de la misma, el referido documento persistía en evidenciar, en forma expresa o tácita, que la persona tenía antecedentes penales, información no actualizada que puede generar una discriminación odiosa y violatoria de principios, valores y derechos constitucionales.