Aplicación excepcional de la estabilidad laboral reforzada en empleados de libre nombramiento y remoción: Análisis de la Línea Jurisprudencial del Consejo de Estado y La Corte Constitucional

Abstract

El acto administrativo se constituye como el medio de manifestación de la voluntad de la Administración Pública; que en el ejercicio de sus actividades se ha facultado a través de potestades, entre ellas la potestad discrecional, mediante la cual puede tomar decisiones cuya determinación no se encuentra expresamente prevista en el marco de la ley, por lo cual dota de una libertad a la administración que no es absoluta sino relativa, pues la ejecución del mismo justamente debe estar enmarcada dentro delos lineamientos de la Constitución Política y la Ley. En materia de empleo público la Constitución Política de Colombia de 1991 establece en su artículo 125 que una de las excepciones de la carrera administrativa, corresponde a los empleos de libre nombramiento y remoción, de los cuales a su vez en la Ley 909 de 2004 establece que la competencia para proceder con el retiro de un empleo de dicha naturaleza es de carácter discrecional y no demanda la expedición de un acto motivado. Este aspecto es de gran relevancia para el Derecho Administrativo Laboral, teniendo en cuenta que la función pública es ejercida por los funcionarios, es decir, personas que pueden verse inmersas en situaciones de orden social que revisten la protección de derechos de rango constitucional, quienes independiente de la modalidad de vinculación al Estado, que para el caso que nos atañe, obedece a los empleados de libre nombramiento y remoción, no tendría por qué la facultad discrecional ser violatoria de derechos constitucionales, pues justamente se ha entendido que con la incorporación del artículo 10 en la Ley 1437 de 2011 que instituye el deber de aplicación uniforme de las normas y la jurisprudencia; esto, en concordancia con el artículo 44 Ibídem el cual establece con relación a la facultad discrecional, que los contenidos de las decisiones generales o particulares de orden discrecional deben adecuarse a los fines de la norma que los autoriza y proporcional a los hechos que le sirven de causa, así las cosas, podríamos estar frente a la constitucionalización del derecho administrativo. Reviste por ello gran importancia en el contexto actual, revisar los fundamentos de la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado a partir de la expedición de la Ley 1437 de 2011, para determinar si sus posturas han permitido evolucionar y tener un criterio común frente al tratamiento de aquellos empleados de libre nombramiento y remoción sobre los que se puede predicar una estabilidad laboral reforzada particularmente en condiciones de pre-pensionados y/o debilidad manifiesta, o si por el contrario existe choque de trenes como ocurrió sobre este mismo aspecto con empleados nombrados bajo la figura en provisionalidad; identificando las líneas jurisprudenciales de ambas cortes, de tal forma que se pueda estructurar un panorama claro para quienes ejercen la facultad nominadora, con el fin de analizar las circunstancias que transitoriamente involucran una limitación al ejercicio de facultades discrecionales en materia laboral, materializada en la aplicación de una causal de retiro del servicio, pues, se evidencia que en la práctica aún genera duda e inseguridad jurídica frente a estas decisiones, no obstante, en principio esta facultad otorgada por la ley le permite al nominador dar aplicación a la misma ante unas circunstancias especiales. Es imprescindible traer a este escenario, el deber que en la actualidad le asiste a la administración frente a la motivación de los actos administrativos de retiro por facultad discrecional de los empleados de libre nombramiento y remoción, en el amparo de la garantía constitucional de estabilidad laboral a que hace referencia los Artículos 53 y 125 de la Constitución Política de Colombia; pues se ha venido reconociendo a través de los diferentes pronunciamientos jurisprudenciales el grado de estabilidad laboral que difiere dependiendo de la naturaleza del cargo público, es decir, deja en evidencia que los empleados de libre nombramiento y remoción se encuentran en desventaja frente a los empleados nombrados bajo la figura de provisionalidad, pues, los primeros se encuentran sujetos a la facultad discrecional de la administración, en razón al carácter de confianza en el cargo; mientras que los segundos, gozan de mayor estabilidad laboral, en el entendido que el nominador está sujeto a unas condiciones concretas que obedezcan al interés general y que sirva como fundamento para dar por terminado el vínculo laboral. En el desarrollo de la presente temática, vamos evidenciando como en relación con la estabilidad laboral reforzada en los empleados de libre nombramiento y remoción frente a la potestad discrecional, existe una constante discrepancia entre la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, no obstante, con la llegada de la Ley 909 de 2004 y el Decreto reglamentario 1227 de 2005, derogado por el Decreto 1083 de 2015, hubo un cambio de posición del máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo, donde de forma parcial aceptó la motivación pero no por razones de carácter Constitucional y de precedente jurisprudencial, sino basado meramente en las precitadas normas. Categorías Estabilidad laboral reforzada en empleos de libre nombramiento y remoción. Potestad discrecional. Libertad de la administración. Empleo público. Constitución Política de Colombia de 1991. Carrera administrativa. Empleos de libre nombramiento y remoción. Retiro de un empleo. Naturaleza de carácter discrecional. No demanda la expedición de un acto motivado. Derecho Administrativo Laboral. Protección de derechos de rango constitucional. Aplicación uniforme de las normas y la jurisprudencia. Constitucionalización del derecho administrativo. Los contenidos de las decisiones generales o particulares. Adecuarse a los fines de la norma. Hechos que le sirven de causa. Fundamentos de la jurisprudencia de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Estabilidad laboral reforzada. Pre pensionados y/o debilidad manifiesta. Dudas e inseguridad jurídica. Choque de trenes. Causales de retiro del servicio. Discrepancia entre la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Posición del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.