Conceptualización de la revocatoria del mandato como instrumento neogarantista de control político

Abstract

La revocatoria del mandato es un instrumento propio de la democracia participativa cuya finalidad se deriva directamente del Voto Programático establecido en el artículo 259 de la Constitución Política, introducido en la Norma Superior como derecho fundamental, conforme las previsiones del numeral 4 del Art. 40 Superior, y como Mecanismo de Participación Ciudadana en los términos del Art. 103 Ibídem, librándose su reglamentación al Legislador, quien, desde 1994 empezó a legalizarla con las Leyes 131 y 134, ambas de 1994, modificándolas con la Ley 741 de 2002 y posteriormente con la Ley 1757 de 2015, pese a lo cual hasta la fecha, tanto los resultados como los inconvenientes administrativos y judiciales que se han presentado alrededor del ejercicio en ciertos casos, se han evidenciado varios problemas que devienen tanto de su práctica, como de su regulación, y que hace relación entre otros inconvenientes, a la falta de garantías para los mandatarios que las padecen, y quienes, pese a sus investiduras, y a pesar de ser sujetos activos de los derechos a la dignidad humana, igualdad, información y debido proceso, se encuentran en ejercicio legítimo de los derechos políticos de elegirse y de permanecer en el cargo hasta el vencimiento del término para el cual fueron electos, motivo por el cual en un estado constitucional de derecho, se merecen el reconocimiento y el amparo de las mínimas garantías para defender esos derechos en contra de quienes pretenden terminarles anticipadamente su mandato, bajo el principio “in dubio pro elegido”. De ahí la importancia y la necesidad de analizar la conceptualización, la regulación, el ejercicio y resultados de la revocatoria del mandato en Colombia entre los años 1991 y 2018, a la luz de los postulados democráticos del estado social de derecho, mediante el estudio histórico, bibliográfico, normativo, jurisprudencial del mecanismo de participación como derecho fundamental, como mecanismo de participación ciudadano, y como medio de control democrático vertical.