La responsabilidad médica del Estado Colombiano por la mala praxis en el aborto

Abstract

En 2006 la Corte Constitucional realizó el primer pronunciamiento que iniciaría la discusión legal y ética entre el derecho a la vida y la práctica del aborto que se ha presentado hasta hoy día, en este año la precitada institución profirió la providencia C-355 mediante la cual reconoció que la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) es un derecho fundamental, pese a no estar reconocido tácitamente en la Constitución Política de 1991 como si lo está reconocido el derecho a la vida. Teniendo en cuenta que Colombia es un Estado social de derecho como lo indica el artículo primero de la Constitución Política de 1991, esta misma deja advertidas ciertas obligaciones que el Estado debe cumplir frente a sus administrados, esto en pro del desarrollo social, es así como en su artículo 49 indica el deber que tiene el Estado de suministrar el servicio de salud como un servicio público a cargo de este; es por ello, que se debe entrar a establecer el tipo de responsabilidad del Estado frente a la negación o mala práctica del aborto como derecho y como servicio público.