The benefit of the criminal surrogate of conditional release for the accused, established in paragraph 5 of article 199 of Law 1098 of 2006 and the functions of the penalty in a social and democratic state of law
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Iux Praxis
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The Constitutional Court has on several occasions raised the surrogate or substitute criminal punishment mechanisms, are measures that can replace a restrictive penalty for a more favorable and have the 'Basis humanization of criminal law and motivation to rehabilitate the offender'. Thus, the existence of these mechanisms means articulated with a criminal policy that seeks a humanizing orientation of criminal sanction, which under the rule of law must be necessary, useful and proportionate in order to contribute to the aims of prevention, compensation and rehabilitation. This means that if the same purposes can be achieved through other figures to be preferred to ensure the absolute dignity of the offender, since the more restrictive would not be necessary and useful. Therefore, the problem question seeks to clarify whether the benefit of surrogate criminal probation for processing established in paragraph 5 of Article 199 of Law 1098 of 2006 fulfills the functions of the sentence in a social state and democratic right as ours, in order to determine the compliance of this criminal subrogated into our legal system; This study is methodologically based on a regulatory, doctrinal and jurisprudential analysis with qualitative approach of basic legal, with which you get as a result the determination of a violation of constitutional rights and guarantees in our legal and penal system.
La jurisprudencia constitucional ha planteado en múltiples ocasiones que los subrogados penales o mecanismos sustitutivos de la pena, son medidas que permiten reemplazar una pena restrictiva por otra más favorable y tienen como «Fundamento la humanización del derecho penal y la motivación para la resocialización del delincuente». De esta manera, la existencia de estos mecanismos se entiende articulada con una política criminal que busca una orientación humanizadora de la sanción penal, que en el marco del Estado Social de Derecho debe ser necesaria, útil y proporcionada, para poder contribuir con los fines de prevención, retribución y resocialización. Esto quiere decir que si los mismos fines pueden lograrse a través de otras figuras, debe preferirse la más favorable para garantizar la dignidad del condenado, dado que la más restrictiva dejaría de ser necesaria y útil. Por tal motivo, la pregunta problema busca esclarecer si el beneficio del subrogado penal de libertad condicional para el procesado establecida en el numeral 5 del artículo 199 de la ley 1098 de 2006 cumple con las funciones de la pena en un estado social y democrático derecho como el nuestro, con el objetivo de determinar el cumplimiento normativo de este subrogado penal al interior de nuestro ordenamiento jurídico; este estudio se basa metodológicamente en un análisis normativo, doctrinal y jurisprudencial con enfoque cualitativo de carácter jurídico básico, con el cual se obtiene como resultado la determinación de una vulneración de derechos y garantías constitucionales en nuestro ordenamiento jurídico- penal.
La jurisprudencia constitucional ha planteado en múltiples ocasiones que los subrogados penales o mecanismos sustitutivos de la pena, son medidas que permiten reemplazar una pena restrictiva por otra más favorable y tienen como «Fundamento la humanización del derecho penal y la motivación para la resocialización del delincuente». De esta manera, la existencia de estos mecanismos se entiende articulada con una política criminal que busca una orientación humanizadora de la sanción penal, que en el marco del Estado Social de Derecho debe ser necesaria, útil y proporcionada, para poder contribuir con los fines de prevención, retribución y resocialización. Esto quiere decir que si los mismos fines pueden lograrse a través de otras figuras, debe preferirse la más favorable para garantizar la dignidad del condenado, dado que la más restrictiva dejaría de ser necesaria y útil. Por tal motivo, la pregunta problema busca esclarecer si el beneficio del subrogado penal de libertad condicional para el procesado establecida en el numeral 5 del artículo 199 de la ley 1098 de 2006 cumple con las funciones de la pena en un estado social y democrático derecho como el nuestro, con el objetivo de determinar el cumplimiento normativo de este subrogado penal al interior de nuestro ordenamiento jurídico; este estudio se basa metodológicamente en un análisis normativo, doctrinal y jurisprudencial con enfoque cualitativo de carácter jurídico básico, con el cual se obtiene como resultado la determinación de una vulneración de derechos y garantías constitucionales en nuestro ordenamiento jurídico- penal.