Omisión de Acompañamiento y Seguimiento de Programas Gubernamentales Creados Con Ocasión De La Ley De Justicia Y Paz A La Población Desmovilizada

Abstract

El problema de investigación planteado y al cual se pretende dar una posible solución jurídica en el presente proyecto de investigación, está relacionado con la falta de cumplimiento de los programas gubernamentales creados con ocasión de la Ley de Justicia y Paz a la población desmovilizada. La situación socio-jurídica problémica que justifica la investigación se concentra en la falta de resocialización de los postulados admitidos dentro de la aplicación de la Ley 975 de 2005, conclusión que se ha dado debido a la creación de Bandas Criminales, al aumento aparentemente injustificado de la delincuencia común en las ciudades y con base en información recolectada a través de experiencias personales. El lugar escogido corresponde al municipio de Guamál en el departamento del Meta durante los años 2012 al 2016, dado que, en esta jurisdicción, se ha presentado una concentración considerable de población desmovilizada, que se ha acogido a los programas de atención como consecuencia de la implementación de la Ley de Justicia y Paz, sin que ello implique desconocer la problemática en el resto del territorio nacional. Lo anterior conduce al planteamiento de algunos interrogantes, entre ellos: ¿Qué asuntos son imprescindibles para la materialización de una resocialización efectiva? ¿Qué instituciones deberían vigilar el cumplimiento de estas políticas públicas? ¿Qué consecuencias produce el incumplimiento de los programas estatales frente a poblaciones vulnerables? Los resultados esperados de esta investigación, radican en demostrar que, existiendo la normatividad necesaria y los programas gubernamentales pertinentes para brindar una correcta reinserción a la población desmovilizada, en la realidad no se han ejecutado totalmente, dada la falta de acompañamiento que se produce frente a los mismos. Adicional a ello, se busca poner en evidencia, cómo las diferentes instituciones que tienen la responsabilidad de acompañamiento están actuando de manera ineficiente; la falta de una correcta vigilancia a los entes encargados de cumplir las políticas públicas de resocialización está ocasionando que esta normatividad quede en el papel y no produzca efectos en la realidad; con esto se pretende demostrar, que el Estado no está comprometido con el cumplimiento de las políticas creadas por él mismo. Para poder alcanzar los objetivos planteados dentro de la presente investigación, que, de manera general, pretende valorar la posibilidad de implementar una veeduría ciudadana que fiscalice los procesos de resocialización orientados a la reinserción de los desmovilizados en el cumplimiento de la ley de Justicia y Paz. Para lo cual, de manera específica, se buscará descubrir y comprender la debilidad de los procesos de reinserción en los procesos adelantados como consecuencia de la Ley de Justicia y Paz. Se expondrán los aspectos necesarios para potenciar la resocialización en el proceso de reinserción dentro del marco de la Justicia Transicional planteada por la Ley 975 de 2005. Por último, se argumentará la pertinencia de la veeduría de acompañamiento y seguimiento de los procesos de resocialización en el marco de la Ley de Justicia y Paz. Con el fin de alcanzar el cumplimiento de las metas previamente propuestas, se toman como base, algunos trabajos realizados y que están relacionados con esta problemática, por autores como María Soledad Gaytán Olmedo, en su texto Los comités ciudadanos de control y vigilancia del Estado de México (2005); junto con la Ley 975 de 2005, base legal de toda la investigación, además de las Sentencias de Constitucionalidad 936 de 2010 y 579 de 2013 conocida como el Marco Jurídico para la Paz. Teniendo en cuenta los anteriores fundamentos como punto de partida de esta investigación, se puede afirmar que posee un enfoque jurídico positivista, dado que el pilar a partir del cual se pretende construir un trabajo investigativo, es la ley, la cual vislumbra el ideal pretendido por la administración frente al tema de desmovilizados y su reincorporación a la sociedad a través de la resocialización. Los objetivos planteados van de la mano con la misión institucional, puesto que lo que se pretende es realizar un análisis crítico, de una problemática actual, con la esperanza de aportar a la construcción de un mayor conocimiento para tratar ambigüedades que se presentan a diario, entre la norma y la aplicación de la misma; lo anterior con el fin de obtener un mejor país y una sociedad pluralista y tolerante. La metodología utilizada en esta investigación, es la denominada como Delphi, basada en la consulta a fuentes vivas, profesionales especializados en derecho penal, expertos en justicia transicional, además del contacto directo con la población desmovilizada, compilando algunos de sus testimonios de manera general, debido a que el contexto en el que viven y el trato del que han sido objeto, no permite que de modo abierto manifiesten su condición de desmovilizados de un grupo armado al margen de la ley. Es indudable, que la población desmovilizada ha sido excluida en la mayoría de etapas dentro de los programas por parte de instituciones educacionales en lo relacionado con la continuidad en el proceso académico o en el aspecto laboral por empresas de orden nacional, sin dejar a un lado a las empresas o multinacionales de orden privado; es cierto además que la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, ha sido fundamental para que problemas como los lacónicamente expuestos previamente no sigan presentándose, sin lograr un éxito total, sin embargo, resulta minoritaria la población desmovilizada que ha resultado beneficiaria de todas las garantías concedidas a través de la Ley 975 de 2005, tanto en el área rural como en las grandes urbes del país, puesto que a pesar del elevado número de procesos culminados según las estadísticas, no se ha dado una resocialización efectiva para estos individuos.