La armonización del marco Ruggie de las naciones unidas para la consulta previa en el otorgamiento de títulos mineros en Colombia.

Abstract

En 1971, el escritor uruguayo Eduardo Galeano escribió y publicó su libro titulado “Las Venas Abiertas de América Latina”, donde narra por medio de un ensayo compuesto por dos partes la historia de los pueblos latinoamericanos, desde el proceso de colonización por parte de los potencias europeas en el siglo XV hasta llegar al contexto o ámbito político y económico de la década de los setentas del siglo XX. En esta obra, el autor hace una crítica social, sobre las violaciones y atrocidades que el pueblo latinoamericano ha vivido en su proceso de desarrollo, partiendo del periodo de conquista, por parte de los europeos, en donde estos actores no reconocían al indígena y al negro como persona o como cultura. El desconocimiento del “otro” se generaba a partir de prácticas violentas, por medio de la imposición de su cultura a las comunidades indígenas y negras, atentando contra la cosmovisión, la cultura, los credos y finalmente mediante la explotación de sus territorios al extraer los recursos minerales como el oro y la plata con fines de ser arrebatados del continente y ser transportados en galeones europeos al viejo continente. Desafortunadamente estas prácticas de extracción de los recursos naturales en los asentamientos indígenas no finalizó en el periodo colonial, posteriormente el saqueo de los recursos naturales se siguió ejecutando, por parte de los Estados imperialistas (Reino Unido y Estados Unidos) desde el siglo XIX en adelante.

Los procesos históricos mencionados, que en el presente siglo, siguen vigentes en Colombia, hoy en día coexisten con intereses económicos y políticos de diferentes actores, tales como: los ideales de las empresas nacionales e internacionales, e incluso el mismo Estado, al tomar una postura favorecedora. Como se puede evidenciar en la actualidad práctica y en el acontecer de la sociedad colombiana, se siguen extrayendo recursos naturales de los asentamientos indígenas y afrodescendientes, vulnerando el derecho humano reconocido normativamente a nivel nacional e internacional, denominado: Consulta Previa. Dentro de las fuentes para adquirir el conocimiento de la historia se encuentran diferentes clasificaciones, como lo son: la fuente oral; aquella que hace referencia a los testimonios o relatos orales de los pueblos, la fuente escrita o material: como la obra de la literatura hispanohablante inicialmente mencionada, del escritor ganador del Premio Casa de las Américas, o un manual de historia y/o investigación científica de un erudito sobre la materia, de estas fuentes investigativas se puede obtener como resultado que a lo largo de la historia el pueblo latinoamericano y para el presente caso de estudio, la colectividad colombiana ha evidenciado la participación de actores que han vulnerado a través de distintos procedimientos, propios del contexto de la época, el derecho a la Consulta Previa, entendido como el derecho humano amparado por normas jurídicas de carácter interno e internacional, consagrado como garantía de carácter colectivo, necesario para el reconocimiento de la participación de las comunidades étnicas y afrodescendientes en la toma de decisiones y en la creación de normas jurídicas que afecten su cosmovisión, territorio o cultura. Derecho, que a su vez, impone un deber correlativo a las autoridades públicas de reconocer su importancia y propende por la búsqueda de la consensualidad de las partes (intereses del Estado, de las empresas nacionales y trasnacionales y primordialmente por los intereses y necesidades de los pueblos étnicos).

Las anteriores situaciones históricas y las prácticas actuales han llevado a que la libre competencia económica se vea condicionada por la diversidad étnica y cultural en detrimento del derecho fundamental a la Consulta Previa en el otorgamiento de títulos mineros en Colombia.

Dicha situación ha sido ampliamente documentada por el informe de la Contraloría General de la República (2014) titulado “Minería en Colombia: Control público, memoria y justicia socio ecológica, movimientos sociales y postconflicto”, donde se establece que el otorgamiento de títulos mineros no ha respetado los mecanismos de participación de las comunidades étnicas, sino por el contrario se están favoreciendo en los procesos de extracción de los recursos naturales, los principios de la libertad de empresa y el modelo de 11

desarrollo económico extractivista, en donde se releva al Estado del papel emprendedor y lo posiciona como un facilitador. De acuerdo con la Contraloría General de la República (2013) esta situación de falta de aplicación de los postulados normativos de protección a las comunidades indígenas, buscando garantizar en exceso los derechos adquiridos y la libertad económica, han hecho perder la eficacia de los instrumentos administrativos, que buscan la protección de las comunidades indígenas y el ambiente, además del consenso entre los intereses estatales generales, los de los particulares en ejercicio los derechos adquiridos y los de las comunidades étnicas.