Los derechos de los afectados con el fallo con responsabilidad fiscal y la inclusión del control automático de legalidad

Abstract

En principio se sabe que los actos administrativos gozan con presunción de legalidad, esto según lo contemplado en el artículo 88 del CPACA, sin embargo, sobre estos se ejerce un control de legalidad por parte de la Jurisdicción Administrativa como en principio lo estableció la Ley 1437 de 2011 en su artículo 136 control inmediato de legalidad: “Las medidas de carácter general que sean dictadas en ejercicio de la función administrativa y como desarrollo de los decretos legislativos durante los Estados de Excepción, tendrán un control inmediato de legalidad, ejercido por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo (…)”. Entendiéndose que solo sobre estos actos existía la premisa del control inmediato de legalidad, sin embargo recientemente con la expedición de la Ley 2080 de 2021 por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción, se adiciono mediante los artículos 23 y 45 de la precitada ley, los artículos 136A y 185A los cuales establecen el surgimiento del control automático de legalidad de los fallos con responsabilidad fiscal y el trámite que se le debe dar a este control. Al analizar la normatividad citada, se puede evidenciar que mediante esta reforma se da la posibilidad de aplicar la figura del control automático de legalidad a fallos con responsabilidad fiscal, el cual debe realizarse de manera integral, dicho control debe realizarlo en el caso que sean expedidos por la Contraloría General de la Republica las salas especiales conformadas por el Consejo de Estado, o cuando sean expedidos por Contralorías Territoriales, los encargados son los Tribunales Administrativos, imponiendo términos específicos que se deben seguir para dar cumplimiento en debida forma al trámite establecido. Sin embargo, recientemente se evidencio que la Sala Plena del Consejo de Estado mediante Auto de Unificación confirmo los autos proferidos en sala unitaria mediante los cuales el ponente se abstuvo de conocer el control automático de legalidad de un fallo de responsabilidad fiscal emitido por la Contraloría Delegada para la Responsabilidad Fiscal, inaplicado la norma anteriormente referenciada. Con fundamento en lo anterior, resulta relevante estudiar la nueva figura incorporada a través de la Ley 2080 de 2021 estableciendo el porqué de la necesidad de aplicación del control automático de legalidad de los fallos con responsabilidad fiscal, realizando el análisis de lo que en Colombia se entiende como control de legalidad, los casos en los que es aplicable de manera automática y consecuencias que se derivan al ser este un acto administrativo de carácter particular, los actos que son susceptibles de control automático e igualmente establecer porque los Tribunales pueden asumir estos controles, siendo también relevante establecer si la parte afectada con el fallo de responsabilidad fiscal queda excluida en el trámite del control automático de legalidad o se llega a generar bajo esta premisa una afectación acceso a la administración de justicia, todo esto bajo el margen de la constitución y convenios internacionales.