Acceso a la administración de justicia de las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar respecto del deber de debida diligencia de las comisarías de familia, juzgados de familia y Fiscalía General de la Nación

Abstract

El siguiente trabajo de investigación surge de la necesidad de abordar el problema del acceso a la administración de justicia de las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, evidenciando las barreras a las cuales se enfrentan al momento de acudir a los órganos judiciales, específicamente, las Comisarías de Familia, Juzgados de Familia y Fiscalía General de la Nación, impidiendo con ello, un efectivo acceso a la justicia por parte de estas.

El acceso a la administración de justicia es un derecho fundamental que se ha consagrado y desarrollado ampliamente en la normatividad nacional e internacional, así como en los diferentes fallos de las altas cortes nacionales e internacionales que, haciendo uso de facultad de discrecionalidad, han ido más allá de los preceptos normativos existentes. Este derecho que tiene a su vez el carácter de universal, durante mucho tiempo fue, como los demás derechos humanos, ajeno a la realidad de las mujeres al no ser estas consideradas como ciudadanas. Sin embargo, esta exclusión histórica fue superándose paulatinamente gracias al reconocimiento y avances que ha tenido el derecho a la igualdad sexual en el ámbito formal y normativo, logrando con ello que los diferentes sistemas jurídicos del mundo reconocieran a la mujer como un sujeto social y político. El reconocimiento jurídico que se ha tenido de los derechos de las mujeres ha hecho que a nivel internacional y nacional se den importantes avances en la regulación e implementación de medidas que contribuyan a disminuir la discriminación sexual sufrida por estas en todos los ámbitos. Estos avances se han materializado en la promulgación de Convenios y Tratados Internaciones que tienen como único fin, el reconocimiento de los derechos de las mujeres, así como el mejoramiento de las condiciones de vida de estas en todos los ámbitos, incluyendo dentro de estos, la forma en que las mujeres acceden a la administración de justicia. No se pueden obviar los notables avances que se han dado materia de derechos de las mujeres, incluyendo dentro de estos, el derecho de acceso a la justicia. Sin embargo, sin perjuicio

de estos avances, el acceso de las mujeres a la justicia sigue teniendo infinidad de barreras que imposibilitan cada vez más la satisfacción de este derecho, barreras que van más allá del ámbito formal del derecho. Así pues, a pesar de los avances que en materia normativa se han dado sobre este derecho y en general, sobre los derechos de las mujeres, el acceso a la administración de justicia sigue experimentando una serie de obstáculos que imposibilitan la consecución de este y que, en gran medida, responden a la omisión por parte de las autoridades de actuar con la debida diligencia al momento de adelantar y abordar un caso en el que una mujer haya resultado víctima de violencia intrafamiliar. Esta omisión por parte de los operadores encargados de administrar justicia se debe en gran medida, a la ausencia de formación de estos respecto de los instrumentos, herramientas y normatividad existente en materia de defensa y promoción de los derechos humanos de las mujeres, así como de conceptos teóricos básicos que son de gran ayuda en el entendimiento de las situaciones estructurales que contribuyen y generan gran parte de las violencias sufridas por las mujeres. De igual forma, este desconocimiento y omisión de las autoridades encargadas de administrar justicia, trasgrede una de las obligaciones internacionales que tiene el Estado en materia de acceso a la justicia que se refiere al deber de debida diligencia que deben tener los operadores de justicia en los casos de violencia basada en género, logrando con ello que muchas mujeres que han sido víctimas de este tipo de violencias, opten por no denunciar o por, una vez realizada la denuncia, desistir del proceso por el maltrato y la revictimización que sufren en los estrados judiciales. Así, la presente investigación pretende evidenciar la situación jurídica problémica de las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar que optan por acudir a los órganos judiciales y que terminan siendo revictimizadas por la negligencia y desconocimiento por parte de la institucionalidad, específicamente de funcionarios de las Comisarías de Familia, Juzgados de Familia y la Fiscalía General de la Nación, de instrumentos nacionales como la Ley 1257 de 2008 e internacionales, como la Convención CEDAW y la Convención Belén do pará. Instrumentos que establecen medidas y herramientas de prevención, protección, sanción y erradicación de las violencias contra las mujeres, y que a su vez, prevén una serie de

recomendaciones que se deben tener en cuenta al momento de adelantar un caso de violencia de género. Por lo anteriormente mencionado, en esta investigación, se abordará el derecho de acceso a la administración de justicia desde una perspectiva de género que reconoce la situación de desventaja de las mujeres debido a su género y, a su vez, evidencia la necesidad de formar e implementar diferentes herramientas que contribuyan en la prevención, sanción y erradicación de los diferentes tipos de violencia contra las mujeres. Para el abordaje de este derecho fundamental, es fundamental hacer alusión a las previsiones normativas, constitucionales y doctrinales que hay sobre este, en especial, los desarrollos existentes sobre la administración de justicia con perspectiva de género y los efectos de esta, en el acceso a la justicia de las mujeres que han sido víctimas de violencia intrafamiliar. Esto, con el fin de determinar si la omisión del deber de debida diligencia por parte de las Comisarías de Familia, Juzgados de Familia y Fiscalía General de la Nación impiden el efectivo acceso a la justicia de mujeres víctimas de violencia intrafamiliar.

El objetivo de esta investigación es analizar el acceso a la administración de justicia de las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, respecto del cumplimiento del deber de debida diligencia por parte de las Comisarías de Familia, Juzgados de Familia y la Fiscalía General de la Nación, para con ello determinar si esto tiene implicaciones en el escalamiento del ciclo de violencias en contra de las mujeres generando con ello una revictimización. Para lograr el objetivo anteriormente planteado, en primera medida se revisarán los estándares internacionales y nacionales en materia de prevención, sanción y erradicación de las violencias contra las mujeres. Posterior a ello, se definirá conceptualmente el acceso a la administración de justicia desde la doctrina y la teoría crítica feminista. Finalmente, se procederá a definir y examinar la relevancia de la omisión al deber de debida diligencia por parte de las Comisarías de Familia, Juzgados de Familia y de la Fiscalía General de la Nación en la intensificación del ciclo de violencias. Esto se hará mediante el análisis de fallos proferidos por la Corte Constitucional y la Corte Suprema de justicia. El presente trabajo de investigación tiene un enfoque teórico que se complementa con un análisis jurisprudencial de fallos proferidos por la Corte Suprema de Justicia y por la Corte Constitucional, para lo cual, el proceso de investigación se abordará de la siguiente manera: En un primer momento, el objeto de estudio de esta investigación se abordará desde una revisión de los referentes jurídicos nacionales e internacionales con el fin de evidenciar los estándares existentes sobre la prevención, investigación, sanción y erradicación de las violencias contra las mujeres, así como los diferentes instrumentos que existen para la defensa y promoción de los derechos de las mujeres. Acto seguido, se realizará un abordaje teórico del objeto de investigación por medio de la revisión de literatura existente sobre la definición conceptual del derecho de acceso a la administración de justicia, teniendo en cuenta los aportes realizados por diferentes corrientes teóricas antiformalistas como el movimiento florentino de acceso a la justicia y el movimiento Law and Society surgido en los Estados Unidos. Posteriormente, se hará una inmersión desde la teoría crítica feminista del derecho, a la definición tradicional de acceso a la administración de justicia para posteriormente desarrollar el concepto de acceso a la administración de justicia con perspectiva de género desde los postulados de diferentes autoras feministas. En ese orden de ideas, la presente investigación ahondará en las definiciones conceptuales, teóricas y normativas que se han hecho del derecho de acceso a la administración de justicia para con ello, evidenciar las omisiones que se están presentando por parte de los operadores encargados de la administración de justicia al momento de abordar casos de violencia intrafamiliar. Para lo anterior, se analizarán dieciséis casos que hayan tenido fallos proferidos por la Corte Suprema de Justicia y en la corte Constitucional en materia de violencia intrafamiliar, con el fin de identificar las barreras que enfrentan las mujeres al momento de acceder a la justicia, y cómo estas barreras son en gran medida resultado de la omisión del deber de debida diligencia de los operadores encargados de administrar justicia. Para la consecución de lo anterior, las fuentes empleadas en la presenta investigación son de tipo documental, algunas teóricas y otras jurisprudenciales, encontrándose la primera de estas, en diferentes textos de autoras feministas que han abordado el derecho de acceso a la administración de justicia desde una perspectiva feminista. Por su parte, la jurisprudencia analizada, se centra en los fallos proferidos en la sala penal y civil de la Corte Suprema de Justicia y en la Corte Constitucional. 4. Hipótesis Con el ánimo de garantizar un ejercicio efectivo del derecho a la administración de justicia de las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, las instituciones estatales que conocen los casos de violencia intrafamiliar, específicamente las Comisarías de Familia, Juzgados de Familia y la Fiscalía General de la Nación, deben hacer uso de las herramientas previstas en la normatividad existente para la protección de los derechos humanos de las mujeres, Lo anterior, en el entendido de que, en muchos casos, la ausencia de respuesta institucional que supone a su vez, la omisión de los deberes que el Estado tiene en materia de investigación, tratamiento y sanción de los procesos de violencia de género, se convierta en una nueva forma de victimización que hace que, en muchos casos, la violencia ejercida contra estas se mantenga e incluso incremente.