Facultades Jurisdiccionales de la Procuraduría General de la Nación en virtud de la Ley 2094 de 2021

Abstract

Analizar los límites al control judicial de los fallos judiciales disciplinarios proferidos por la Procuraduría General de la Nación con la entrada en vigencia de la Ley 2094 de 2021, requiere partir de la base que ha sido la misma Constitución Política que ha establecido que la función disciplinaria es de naturaleza administrativa, no obstante por excepción en igual sentido es de naturaleza jurisdiccional; razón por la cual para el caso específico de Colombia dentro de su ordenamiento interno, dicha función de carácter disciplinaria es ejercida tanto por autoridades administrativas como jurisdiccionales, pues las autoridades disciplinarias se encuentran facultadas de la competencia que se requiere para decidir de conformidad a las condiciones establecidas por dicho ordenamiento jurídico. Al Código General Disciplinario le fueron implementadas diferentes reformas en atención al cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en cita, ello bajo el entendido que la Ley 2094 de 2021 dispuso a manera de modificación algunos asuntos de la Ley 1952 de 2019, como establecer el recurso extraordinario de revisión ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo para examinar las decisiones disciplinarias definitivas que adopte la Procuraduría y aunque bien, mantiene la calidad de autoridad administrativa, a dicha entidad se le atribuye la calidad de función jurisdiccional a las actuaciones disciplinarias que se adelanten. Sumado a lo expuesto, el presente escrito deja en evidencia la forma en que la Ley 2094 de 2021 al introducir la separación de funciones de instrucción y juzgamiento en la primera instancia del procedimiento disciplinario que se adelanten en las diferentes autoridades administrativas disciplinarias en Colombia, lo que se constituye como una medida que implementa estándares y garantías de protección de los derechos humanos en derecho disciplinario, ello equivale a que nuevas garantías constituyan los pilares fundamentales del proceso de desnaturalización, centralización y concentración de la función administrativa en Colombia