Normas y garantías convencionales de los funcionarios de elección popular en el ordenamiento interno y la ley disciplinaria.

Abstract

De la sentencia emitida por la COIDH en el caso Petro Urrego vs Colombia, en el cual se analizó que no era posible restringir los derechos políticos de un funcionario público democráticamente elegido a través de una sanción administrativa, de conformidad con la interpretación dada al artículo 23.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, queriendo decir, que la Procuraduría General de la Nación excedió su facultad sancionatoria actuando como Juez, al imponerle tal sanción al disciplinado, llevó a analizar el alcance de las normas y garantías convencionales de estos servidores públicos. Es así como posterior al estudio de la norma, pudo concluirse que los servidores públicos de elección popular requieren de la protección convencional y constitucional cuando se encuentren bajo uan investigación disciplinaria y han sido objeto de sanciones como la inhabilidad, destitución o suspensión y posterior se realice un control por el Consejo de Estado a través de la revisión y tal decisión esté revestida de legalidad.