La responsabilidad patrimonial del estado por los actos violentos de terceros

Abstract

En principio la causación de daños antijurídicos por parte de terceros, como los generados como consecuencia de atentados terroristas, conducen a configurar el hecho de tercero como causal de exoneración de responsabilidad patrimonial. No obstante, el juicio de responsabilidad patrimonial no se detiene en el análisis del acto violento en sí mismo, sino en las acciones u omisiones por parte de la entidad pública competente para prevenir la materialización del acto, con el objetivo de establecer la procedencia de la declaratoria de responsabilidad. La Sección Tercera del Consejo de Estado se ha decantado por aceptar el reconocimiento de la responsabilidad patrimonial del Estado por actos violentos de terceros, para lo cual utiliza los títulos de imputación de la falla en la prestación del servicio, el daño especial y el riesgo excepcional, según el caso. Sin embargo, la indebida utilización de los citados títulos de imputación, en especial el de la falla en la prestación del servicio público, termina por generar deficiencias en la valoración y decisión del caso concreto, situación que viabiliza la declaratoria de la responsabilidad patrimonial y la condena a pagar las indemnizaciones por parte de la entidad pública, sin estar acreditados los elementos propios del juicio de responsabilidad patrimonial del Estado. En este sentido, la pertinencia del tema objeto de estudio no deriva de la

1 Estudiante de derecho de la Universidad Libre Seccional Pereira. Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Universidad Libre, Pereira, Colombia Valentina-guarin@unilibre.edu.co 2 viabilidad de la utilización del título de imputación normativa de la falla en el servicio en la responsabilidad patrimonial del Estado por actos violentos de terceros, sino en la necesidad de utilizar en debida forma el citado título de imputación, y para hacerlo se requiere: conocer los alcances del título de imputación de la falla del servicio; establecer las diferencias entre la falla del servicio con el daño especial y el riesgo excepcional; realizar una eficiente valoración probatoria en el caso concreto, y no confundir los alcances de la responsabilidad patrimonial y de la solidaridad.