Aplicación del principio de oportunidad en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes frente a Graves Violaciones al D.I.H., Crímenes de Lesa Humanidad y Genocidio

Abstract

En Colombia se denota la participación de menores de edad en la comisión de delitos, la pobreza, la ausencia estatal en zonas marginadas, desplazamientos producto de conflictos armados, la influencia prematura de valores mortíferos en los niños, el uso de los menores por parte de bandas delincuenciales y grupos armados al margen de la ley, el reconocimiento de adolescentes como sujetos de derechos pero también de obligaciones, son algunas de las razones que impulsaron la transformación del sistema de responsabilidad penal en las niñas, niños y adolescentes. Cabe señalar que este cambio se presenta principalmente por la necesidad de adecuar la legislación nacional a la Constitución de 1991 y a los parámetros internacionales que entran en vigor con posterioridad al Código del menor. Uno de los cambios fundamentales en la nueva normatividad es la concepción del adolescente como imputable, es decir, como sujeto de responsabilidad penal. La ley de Infancia y Adolescencia, Ley 1098 expedida el 8 de noviembre de 2006, se creó con el fin de garantizar a los menores de edad su pleno y armonioso desarrollo para que crezcan en el seno de la familia y de la comunidad, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión y establece normas sustantivas y procesales para la protección integral de los niños, las niñas y los adolescentes. Se protegen los derechos de los menores con instrumentos internacionales de Derechos Humanos, en la Constitución Política y en las leyes. En la ley 12 de 1991, Colombia ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño, convirtiéndose en uno de los primeros Estados en incorporarlo a su legislación. La ley de infancia reconoce derechos generales y actuales que han sido regulados en tratados internacionales que el Estado ha ratificado, tales como los derechos de los niños y niñas a ser protegidos contra: toda forma de violencia, abandono, maltrato, explotación, peores formas de trabajo infantil, abuso sexual, desplazamiento forzado, reclutamiento ilícito, trata de personas, entre otros derechos.