Especialización en Derecho Constitucional
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Item type:Ítem, Instrumentalización del poder político en el marco del Paro Nacional 21N: represión y control comunicacionalPineda Nobles, Jeison Estiven; Palomares, JorgeEl presente artículo de investigación tiene como finalidad analizar el derecho a la protesta social en el marco del Paro Nacional 21N. Se toma como punto de partida aquellos acontecimientos que conllevaron a su nacimiento y su forma de desarrollo. Asimismo, las actuaciones de la fuerza pública legitimada representada por el cuerpo del ESMAD, los medios comunicacionales y el poder mediático, como formas de instrumentalización del poder político. Estos puntos se analizan desde el pensamiento del filósofo Michel Foucault y los mecanismos de poder y dispositivos de seguridad en el marco de una microfísica del poder.Item type:Ítem, Actividad Política como garantía en el Acuerdo de Paz entre Gobierno Colombiano y Farc .- EpSilva Florez, Susy Katherine; Figueroa Melgar, Aura María; Palomares García, Jorge RicardoEl tema abordado hace referencia al Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, título Fin del Conflicto, ítem 3.2.1.2. Representación política, este señala que tras la firma del Acuerdo Final y luego de la dejación de las armas de las FARC-EP, con el fin de facilitar su transición a la política legal y asegurar un escenario a su plataforma ideológica, tendrá el movimiento político representación política en el Congreso de la República a través de curules durante dos periodos legislativos en Senado Cámara de Representantes. Así mismo, el Acto Legislativo 01 de 2017, artículo 20 transitorio, sobre Participación en política, señala que la imposición de cualquier sanción en la JEP no inhabilitará para la participación política ni limitará el ejercicio de ningún derecho, activo o pasivo, garantía que puede verse afectada según la Resolución No. 02 de noviembre de 2022, observándose un cambio ya que frente a la actividad política que ejercen algunos firmantes en las curules del congreso, sí pueden suspender su actividad política, dadas las imposiciones de sanciones en resarcimiento a las víctimas, situación también contemplado en el Acuerdo de Paz. Se utilizó un método deductivo bajo investigación básica jurídica, en el que se recopilaron normas constitucionales, legales y jurisprudenciales, autos de la JEP, doctrina y autores que han investigado temas de diálogos y la firma del Acuerdo de Paz. Analizado el Acuerdo de Paz suscrito entre el Gobierno y las FARC EP, y la resolución emanada por la JEP, en que argumenta dejar a valoraciones subjetivas si estos deben apartarse de sus cargos políticos, curules quienes actualmente las ostentan, al momento de imponerse las sanciones, esto quita certeza y seguridad a lo pactado. Es importante que el Gobierno y firmantes del Acuerdo mantengan lo negociado en las mesas de concertación, y lo plasmado en el documento denominado Acuerdo de Paz, de lo contrario es restar credibilidad ante gobiernos y políticas cambiantes, que pueden ir en contra de otras negociaciones encaminadas a la búsqueda de una paz estable y duradera.Item type:Ítem, alcance de la jurisdicción especial indígena, ante la ley de coordinacióncasallas, leidy carolina; Peña, HernandoLa jurisdicción especial indígena ofrece una nueva perspectiva de inclusión en el sistema judicial de las diferentes culturas que habitan el territorio colombiano, al tratarse de una forma específica de aplicación para las comunidades étnicas del país, no obstante desde su creación ha contado con dificultades tales como la ausencia de regulación normativa, la llamada ley de coordinación, que permita establecer una hoja de ruta para su aplicación, que distinga aquellos casos en los que se activa su competente frente a la ley ordinaria, es por ello que la Corte Constitucional ha implementado una serie de criterios que permiten dirimir los conflictos de competencia, dando prelación al principio de especialidad, con el fin de que aquellos casos en los que se advierte en el sujeto a judicializar una cosmovisión orientada hacia sus usos y costumbres étnicas sea la jurisdicción especial indígena la que juzgue su comportamiento y de igual forma determine la sanción a imponer, aspecto que no resulta menos problemático, ante la ausencia de apoyo institucional y de financiamiento, debiendo optar por la imposición de medidas dispuestas para la jurisdicción ordinaria, que promueven el desarraigo y perdida de su cultura indígena.Item type:Ítem, Vulneración de los Derechos de las Víctimas en el marco del Proceso de Extradición Análisis del Caso “Otoniel”Rodríguez Obando, Germán David; Delgado Téllez, Jonathan Stiwar; Peña Salguero, HernandoEn el presente análisis, se busca identificar a fondo las tensiones que se generan en un proceso de extradición de los máximos responsables en hechos acontecidos en el marco del conflicto armado, respecto a los derechos de las víctimas a la Verdad, la Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición. El presente estudio, inicia con la definición e identificación de la figura de la extradición en Colombia, desarrollando un marco teórico y legal de la misma, de su transición y aplicación en la lucha por combatir los delitos trasnacionales esencialmente el narcotráfico, y de la valoración que realizan las altas cortes en garantía de fortalecer las relaciones entre los Estados. A partir de esta información, se procede a exponer el “caso de Otoniel”, donde se evidenciaron entrevistas y acciones jurídicas como fue la Tutela que adelantó un grupo de víctimas de la región del Bajo Atrato Chocoano, para reclamar el respeto y garantía de sus derechos de acceso a la justicia, la verdad y reparación frente al caso del señor Dairo Antonio Úsuga David, conocido también como “Otoniel” quien fuera el máximo comandante de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia - AGC, o Clan del Golfo; y como el fallo del Consejo de Estado dio el aval para la extradición, asumiendo que los procesos internos nacionales seguirían bajo investigación para evitar la impunidad. Esto, para finalizar con unas conclusiones que permitan a futuro evaluar la figura de la extradición en Colombia desde un punto que involucre a todas las partes afectadas por el conflicto armado que ha perdurado por años nuestro país.Item type:Ítem, ¿EXISTE EXTRALIMITACIÓN DE LA TEORÍA DE LA SUSTITUCIÓN DE LA CONSTITUCIÓN EN EL CASO DEL ABORTO EN COLOMBIA EN LA SENTENCIA C-055 DE 2022?LOSADA RAMIREZ, ANGIE LORENA; CARDOZO SIERRA, LINA MARCELA; PALOMARES, JORGE RICARDOEl presente trabajo busca realizar un análisis jurídico de un asunto sensible para la sociedad, como es el tema del aborto, aspecto relevante en el marco de un Estado Social de Derecho. El problema jurídico consiste en determinar si las decisiones de la Corte Constitucional respecto al aborto, especialmente la sentencia reciente C-055 de 2022, generan una extralimitación de la Corte Constitucional al aplicar la figura de la “sustitución de la constitución” para decidir el asunto desde cuestiones de fondo y no solo de forma; todo ello visto desde la dogmática propia del Derecho Constitucional.Item type:Ítem, Estado de cosas de inconstitucionalidad en el sistema penitenciario y carcelario,¿solución o placebo?Lozano Mayorga, Daiana Andrea; Martínez Polo, Alejandra Paola; Palomares García, Jorge RicardoEl sistema carcelario presenta varias dificultades asociadas a su estigmatización y a la desigualdad que se vive dentro del ambiente reclusorio, debido a que las actitudes que han reunido las autoridades a lo largo de los años han sido de poca acción o de una omisión tal, que ha traído un menoscabo a sus derechos fundamentales, convirtiéndolo en un problema nacional, el cual necesita de una inminente reforma en su estructura y en la forma en que se ve al recluso. Desde el año 1998 la Corte Constitucional viene adelantando un ejercicio de medidas para evitar las múltiples afectaciones que deben soportar los reclusos en ocasión a las circunstancias que los rodean, sin embargo, es evidente que el problema llegó a límites desbordados que no solo afecta a la ciudad capital, sino que se ha desplazado a todas las regiones del país. Por ello, se entrará a determinar si las decisiones adoptadas han tenido un enfoque de salvaguarda para aquella población o si por el contrario, las autoridades las acatan como meras apreciaciones que se quedan en el papel, en vista de los episodios que se han logrado evidenciar en las cárceles donde son recurrentes las denuncias por parte de los reclusos conforme a sus derechos. Con el fin de encontrar la descripción de las condiciones en los centros carcelarios y penitenciarios de la ciudad de Bogotá se realizará una cuantificación de las cifras de hacinamiento carcelario en el país y en su capital, para concluir con la verificación del cumplimiento de las órdenes que ya fueron dadas por la Corte Constitucional.Item type:Ítem, La acción de tutela como mecanismo de protección del derecho a la salud en ColombiaPaipa Moreno, Valentina; Aarón Quiroz, Angélica María; Palomares, JorgeSegún el Decreto con Fuerza de Ley 2591 del 19 de noviembre de 1991 “por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”, se establece la acción de tutela para la protección inmediata de los derechos fundamentales, cuando son amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares. Es decir, nace como un reto, producto de la necesidad de mitigar la violación y vulneración de derechos de las personas, con el fin de lograr la recuperación integral de los derechos. Teniendo en cuenta que los derechos que pueden ser protegidos por la acción de tutela son: la vida, seguridad social, igualdad, dignidad humana, no discriminación, trabajo, ambiente sano, libre desarrollo de la personalidad, libertad de conciencia/culto/expresión/circulación, educación, asociación, debido proceso y el derecho a salud, entre otros. Este tipo de mecanismo solo puede ser utilizado cuando no existe otro medio ordinario disponible para la protección del derecho que se pide. En este caso, nos enfocaremos en hablar sobre la acción de tutela como mecanismo de protección del derecho a la salud, considerando que dentro de los 5 derechos más invocados a través de la acción de tutela en el año 2022 se destaca este pues, es un derecho que está fuertemente ligado con garantizar una óptima calidad de vida al ciudadano. Así mismo, explicando el contexto y desarrollo del derecho de la salud como un derecho fundamental autónomo y tutelable, encontramos, que según la sentencia T-406 de 2001, la Corte Constitucional, este derecho era considerado de carácter prestacional, por lo tanto, no era aceptable la utilización de la acción de tutela para este. Sin embargo, gracias a diversos problemas jurídicos a raíz de las quejas con respecto a la vulneración del derecho a la salud que se presentaba en el país, la corte se vio obligada a analizar más a fondo dicho derecho y plantear soluciones. Esto dio origen a la sentencia T-706 de 2008, donde se señala que el derecho a la salud es un derecho fundamental y tutelable debido a la conexión que tiene con otros derechos fundamentales que influyen directamente con la calidad de vida de las personas, entre estos encontramos el derecho a la vida, y el derecho a la integridad e igualdad. Se puede evidenciar que con el transcurso de los años la acción de tutela se dejó de utilizar como una medida de carácter excepcional, sino que por el contrario se convirtió en un mecanismo de protección utilizado de manera general, lo cual tiene como fundamento diferentes razones entre ellas la falta de capacidad por parte de las entidades promotoras de servicios de salud para la cobertura total y la demanda que se presenta en el país respecto al derecho a la salud. De acuerdo a lo anterior, otro factor relevante del fenómeno de la utilización de la tutela no de manera excepcional sino general, es que es una acción constitucional que por su naturaleza puede ser presentada por cualquier persona, convirtiéndose en la acción constitucional que más garantiza el fácil acceso a la justicia. Es evidente entonces, que la acción de tutela en efecto, si resulta ser un mecanismo que permite a la persona un mayor acceso al sistema de justicia, garantizando de esta manera la protección de sus derechos fundamentales, ya que es considerada como un mecanismo ágil y eficaz, sin embargo, debido a su alta utilización se han presentado dos factores evidentes y que afectan sin lugar a duda el acceso efectivo al derecho a la salud. En primer lugar, se logra evidenciar que las entidades promotoras del servicio a la salud incumplen en gran medida los pronunciamientos de los Jueces de tutela, derivando esto en un ciclo que obliga al accionante a recurrir en la utilización del incidente de desacato con la finalidad de que no se burlen las decisiones de los fallos de tutela por parte de las entidades públicas o privadas en las que recaiga la obligación de la prestación del servicio, contribuyendo a que el carácter ágil de la acción de tutela y su eficacia se desdibuje, puesto que termina siendo un trámite largo como consecuencia de su incumplimiento. En segundo lugar, se puede evidenciar que existe una congestión judicial como consecuencia del gran número de tutelas presentadas en búsqueda del cumplimiento de los derechos fundamentales, lo que nos deja como conclusión que si bien esta acción busca la protección de los derechos fundamentales estos continúan siendo vulnerados por las entidades públicas o privadas en gran medida, lo que ha generado la pérdida de excepcionalidad de la acción de tutela.Item type:Ítem, Análisis del daño, la reparación y la tasación del perjuicio moralPineda, Catalina; Palomares, Jorge RicardoEn el presente artículo se realiza un análisis de la reparación del daño en el derecho administrativo colombiano, partiendo de las connotaciones del daño y la reparación del mismo, para ahondar en los mecanismos o razonamientos empleados para tasar los perjuicios extrapatrimoniales, realizando un análisis jurisprudencial de la tasación del daño moral en Colombia a efectos de verificar el acatamiento a los principios de reparación integral y equidad. Así pues, el artículo busca analizar la necesidad de identificar pautas claras para la cuantificación del perjuicio extrapatrimonial, de unificar criterios y reparar de forma similar daños idénticos.Item type:Ítem, Protección del derecho a la salud a través del suministro de medicamentos esenciales a pacientes con enfermedades crónicas fuera del territorio nacionalTovar Herrera, Dylan Michel; Palomares García, Jorge RicardoEste artículo incorpora la reflexión sobre la garantía de protección del derecho a la salud fuera del territorio colombiano, para aquellos ciudadanos que padecen enfermedades crónicas y requieren el suministro permanente y continuo de medicamentos esenciales. Para ello, se realiza un examen del estándar internacional de protección en materia del derecho a la salud, para luego verificar las condiciones específicas de la garantía de la salud como derecho y servicio público en el ordenamiento jurídico colombiano; lo anterior, parte del sustento teórico referido a la soberanía y la territorialidad, como conceptos orientadores de la organización legislativa actual y su configuración como posibles barreras para el goce efectivo del derecho. A partir del estudio documental, de corte cualitativo, se encontró que actualmente no existen en Colombia, garantías para la protección del derecho a la salud, particularmente el suministro de medicamentos esenciales fuera del territorio nacional, cuestión que impone obstáculos al ejercicio del derecho, en particular, en lo que tiene que ver con los criterios de disponibilidad y accesibilidad descritos en el estándar internacional, como componentes del núcleo esencial de los derechos humanos.Item type:Ítem, “Ciudadanos y no ciudadanos”. La democracia en el pensamiento constitucional liberal francés (1789 – 1848).Durán Bruno, Álvaro; García Vanegas, DavidEn el presente trabajo de investigación se explora la recepción y el tratamiento dado a los conceptos de democracia e igualdad política en el pensamiento y las constituciones liberales francesas en el periodo que va de 1789 a 1848, momento en el que se consolida esta filosofía política. Se buscan aclarar si en efecto la doctrina liberal del periodo señalado fue favorable o no a la idea de permitir que toda la ciudadanía pudiese participar en la conformación y conducción de las instituciones del Estado.