Especialización en Derecho Procesal
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Item type:Ítem, La Corroboración Periférica como mecanismo de valoración probatoria en los delitos de género y su necesidad de implementación legislativaAvila Cortázar Indara, Soto Cruz Sergio Andres; Fernandez Muñoz, Monica LuciaEn los delitos de violencia de género, ha existido un avance jurisprudencial en el aspecto probatorio, a fin de brindar mayores herramientas y técnicas a las victimas de estos delitos, efectos de controvertir el principio de inocencia de la persona a quien se le atribuye la conducta delictiva, como respuesta a los pactos y tratados internacionales suscritos por Colombia, en donde se ha comprometido a generar políticas públicas y leyes que contribuyan con la erradicación de la violencia en la mujer.Item type:Ítem, El Desplazamiento forzado: Un análisis de la protección de los derechos de las victimas frente a las garantías de no repetición.Caballero Gomez, Wilmer; Fernandez, MonicaEl desplazamiento forzado en Colombia se convertido en uno de los flagelos más grandes que el país ha vivido durante sus últimos 70 años por esto es importante identificar cuál es su origen y como este fenómeno social ha llevado a personas a convertirse en victimas del mismo, como es el caso del conflicto armado que viene desarrollándose con una ola de violencia desde el siglo XX y como esta se ha expandido hasta la actualidad. En este orden de ideas, se estudiarán las cifras del desplazamiento forzado en Colombia, identificando el alcance de los mecanismos constitucionales para garantizar la protección de los derechos humanos de la población víctima del desplazamiento forzado por causa del conflicto armado evidenciando si realmente son eficientes o por el contrario lleva a generar una re victimización por no brindar las garantías suficientes, dejando a esta población en una situación vulnerable para que sean blancos de la explotación laboral, mendicidad, explotación sexual o diferentes conductas que atentan gravemente la dignidad humana de las personas. Ahora bien, es de resaltar que el desplazamiento forzado tiene un impacto tanto físico en las personas, como también en la salud mental. La exposición a la violencia, la pérdida de hogar y comunidad pueden llevar a problemas de salud mental a mediano y largo plazo, como el estrés postraumático y la depresión. Por lo anterior, esta investigación pretende crear una iniciativa donde los derechos humanos de las víctimas del desplazamiento forzado sean amparados por medio de soluciones efectivas y fácil de ejecutar.Item type:Ítem, La ausencia del Estado y el Legislador cunado una Entidad Publica conculca los tiempos ProcesalesBetancourt Orjuela, German; Rico Arguello, Cristian Camilo; Fernandez Muñoz, Monica RocioInvestigación realizada con el objetivo de analizar el perjuicio que genera para personas y empresas en Colombia el hecho que una entidad pública conculque los tiempos procesales en especial respecto de las exenciones de impuestos a que tienen derecho bien sean personas jurídicas o naturales. El artículo se basa en el estudio de tres casos y el sector transporte analizando brevemente las dificultades que atraviesan muchos ciudadanos al solicitar exenciones debido a la lentitud en obtener respuesta de las entidades públicas. El método casos constituye un valioso recurso de investigación porque permite realizar una descripción de determinadas situaciones que ha sucedido en la vida real y permite evidenciar la presencia de uno o varios problemas acerca de los cuales se proponen posibilidades de solución. En el presente caso en los resultados se verifican una variedad de desaciertos tanto del estado como del legislador que hacen parte de los motivos que ocasionan una gran tardanza en el cumplimiento de los tiempos procesales por parte de las entidades públicas y ante los cuales la lenidad del aparato gubernamental parece mantenerse inerme. El análisis que se realiza de los tres casos deja en claro los perjuicios causados a los empresarios y respecto del sector transporte se evidencian las graves afectaciones de las reformas tributarias en márgenes de pérdidas contrastados con soluciones que impiden acceder a estos beneficios y de hacerlos debían pagar costos muy altos, por ende, su punto de solución los pone en situaciones económicas delicadas. Entre las conclusiones se proponen acciones de cambio y se presentan algunas sugerencias o recomendaciones por medio de las cuales el Estado podría modernizarse y mejorar los tiempos y las capacidades de respuesta de las entidades públicas para recuperar y conservar la credibilidad de la comunidad en su gestión la cual en definitiva es vital para el buen desarrollo de los procesos de tributación y por supuesto de exoneración de impuestos.Item type:Ítem, La incidencia de la Corte Interamericana De Derechos Humanos «Corte IDH» en el proceso disciplinario en Colombia de los funcionarios de elección popular. Fundamentado en el caso Gustavo Petro.Zárate Rodríguez, Miguel Ángel; Salazar Umbacia, José Víctor Gonzalo; Fernández Muñoz, Mónica LuciaA partir de la medida cautelar 374-13-2014 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso Petro Urrego vs Colombia y posterior fallo de la Corte IDH, junto con las recomendaciones del ordenamiento jurídico, donde el presidente de la república y el congreso deben establecer el procedimiento de sanción, inhabilidad y destitución de funcionarios públicos elegidos por votación popular mediante proceso judicial, se inició un debate sobre la potestad disciplinaria del ministerio público conocido en Colombia como la Procuraduría General de la Nación, en el año 2021 se proclama la Ley 2094 que dio poderes judiciales al procurador general de la nación, pero que contradice lo dispuesto por la Corte IDH y que fue ratificado por la Corte Constitucional en Sentencia C – 030 de 2023. A partir de estos elementos jurídicos se hace un análisis de la incidencia de la Corte IDH como parte del bloque de constitucionalidad de los países que hacen parte del Pacto de Sanjosé, se hace un recorrido histórico del Ministerio Publico Hoy en día llamado Procuraduría General de la Nación PGN, se analizan los códigos disciplinarios a partir de la constitución de 1991 y la potestad de sancionar inhabilitar y destituir a funcionarios de elección popular. para la construcción de se aplicó una metodología documental bajo un modelo descriptivo analítico exploratorio propio las ciencias jurídicas, donde se revisaron tesis desde el año 2014 en adelante y diversas sentencias de la Corte Constitucional, donde se han pronunciado sobre temas que han fallado en el tema disciplinario. La revisión evidenció que actualmente hay un vacío jurídico, así como el incumplimiento de lo dispuesto por la Corte IDH, lo que puede llevar a sanciones al momento de que la corte haga las verificaciones del cumplimiento del fallo.Item type:Ítem, Aspectos Ténicos-Jurídicos de la Prueba Digital y su Valoración en los Procesos JudicialesLópez Géliz, Richard Adolfo; Mendoza Beltrán, DavidEl presente artículo se orienta a proporcionar elementos técnicos - jurídicos con miras al tratamiento eficaz de la prueba digital y su correcta valoración que contribuirá significativamente en la solución de determinados problemas y desafíos jurídicos para todos los operadores del Derecho (investigadores, abogados, fiscales y jueces) al momento de la recolección, apreciación y valoración de este tipo de evidencias digitales y forenses. De ahí, que la valoración de la prueba digital represente una aportación práctica arropada con los necesarios fundamentos teóricos, para poder operar en el mundo jurídico, considerando los aspectos aplicativos de la "sana crítica" a una materia cuyas manifestaciones son, entre otras, el documento electrónico, las páginas web, el correo electrónico, la pericia informática. La metodología es cualitativa y se utilizó la técnica de la revisión documental y la entrevista a expertos, para mostrar una realidad respecto a una problemática de valoración de la prueba o evidencia digital, y brindar aportes para mejorar la comprensión y la dimensión de su práctica en los procesos judiciales. La principal conclusión es que no se le puede negar eficacia y validez probatoria de las pruebas tecnológicas, siempre y cuando se pueda establecer la autenticidad del contenido y la correspondencia con el autor. Y finalmente se sugieren propuestas para acondicionar la normatividad que regulen los medios de prueba a la realidad tecnológica.Item type:Ítem, Carga Probatoria en los Procesos de Pertenencia a la Luz de la Sentencia SU-288 de 2022 de la Corte ConstitucionalPulido Páez, Sandra Tatiana; Fernández Muñoz, Mónica LucíaLa Corte Constitucional en sentencia SU-288 de 2022 se pronunció sobre la imprescriptibilidad de los bienes baldíos y reiteró la presunción de baldíos que debe orientar los procesos de pertenencia a través de los cuales se busca adquirir el dominio de predios rurales sobre los cuales no exista historia registral o titulares de derechos reales inscritos. El fallo de la Corte ratifica la decisión adoptada en sentencia T-488 de 2014 sobre la disparidad interpretativa de la legislación aplicable al régimen especial de baldíos y establece una serie de reglas y subreglas que los Jueces de la República deben tener en cuenta para acceder a la declaratoria de la prescripción adquisitiva de dominio en los procesos de pertenencia. Además, dada la relevancia constitucional que enmarca la problemática histórica en materia de derechos de propiedad agraria caracterizada por una tenencia bifurcada de la tierra, pues, por una parte, unos pocos obtienen grandes extensiones y por otro lado, muchos con poco o nada. En el presente artículo se llevará a cabo un análisis de lo dispuesto en la sentencia de la Corte Constitucional realizando una aproximación sobre la carga procesal de la prueba en los procesos de pertenencia desde el marco jurídico del régimen de baldíos, las presunciones jurídicas, la consolidación de la prueba diabólica o imposible y el deber estatal de promover el acceso progresivo a la propiedad rural con la implementación de la Jurisdicción Agraria y Rural; a través de una metodología descriptiva, toda vez que se pretende analizar un aspecto normativo del derecho, específicamente con relación a los aspectos procedimentales de la carga probatoria y las dificultades prácticas en la obtención de las pruebas en los procesos de prescripción adquisitiva.Item type:Ítem, Imparciaidad del ministerio público, como apelante único en una sentencia absolutoriaCristancho Lopez, Brayan Nicolas; Diaz Guevara, Jose Antonio; Fernández Muñoz, Monica LuciaMediante el desarrollo del presente trabajo se pretende dictaminar si en un proceso penal al momento de la notificación de una sentencia de carácter absolutorio por parte un Juez de la república, es el representante del Ministerio Público el único interviniente que decide apelar dicha decisión. La anterior actuación del agente del Ministerio Público podría llegar a afectar los derechos y garantías del acusado, para ello, se analizará por una parte a la luz de la jurisprudencia emitida por las Altas Cortes de la Rama Judicial Colombiana, si en primera instancia la entidad representante de la sociedad, se encuentra legitimada para recurrir y de ser así, en qué casos no se vería afectada la imparcialidad o quebrantará el sistema adversarial o si en definitiva ineludiblemente el ser apelante único resulta en un menoscabo de la neutralidad exigida a la mencionada entidadItem type:Ítem, Aseguramiento del derecho a la imagen y a la intimidad en los procedimientos de policía en Colombia: Análisis desde la perspectiva neoconstitucionalista.Lozano Mejia, Deicy Gihobana; Garrido Monroy, Iveth Katherine; Fernández Muñoz, Mónica LucíaEl derecho de imagen propia en Colombia ha evolucionado a la luz del enfoque neoconstitucional que ha aportado nuevos elementos de análisis en la identificación de subreglas por parte de la Corte Constitucional frente a diversas situaciones dentro de las cuales se encuentra la revisión de circuitos cerrados de vigilancia por parte de la policía en función preventiva, en esta presentación se identifican estos nuevos enfoques y se analizan para consolidar los avances puntuales que tienen impacto en una actividad que resulta ser tan sensible como la función policial; se toman las fuentes del derecho como la doctrina y la ley para complementar la revisión jurisprudencial de donde se nutre el eje central de la investigación, la cual se basa en un estudio descriptivo con un enfoque comparativo. Su objetivo principal se basa en analizar desde la perspectiva neoconstitucionalista las formas de aseguramiento del derecho a la imagen y a la intimidad en los procedimientos de Policía Nacional en Colombia, encontrándose que este se resguarda con la limitación del ejercicio policial en torno a cierto tipo de actividades preventivas que pueden reñir con otros intereses constitucionales como los ya mencionados. Su principal aporte se circunscribe al planteamiento de argumentos que conyugan a entender el enfoque de la Corte Constitucional en la construcción de subreglas que moldean expresiones legales y generan nuevas fronteras del derecho.Item type:Ítem, Tensión entre el Derecho al Debido Proceso y las Facultades Ultra y Extra Petita en Materia LaboralGómez Herrera, Jorge Augusto; Díaz Rhenals, Jesús Alberto; Fernández Muñoz, Mónica LucíaEl juez del trabajo a la hora de resolver un asunto a su cargo debe dar aplicación al Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social en consonancia y sin contradecir las garantías constitucionales de la Carta de 1991. El principio de la congruencia obliga al juez a que falle sobre lo que le piden, sin excederse de ese marco fijado por las partes en el proceso, de otro lado, el artículo 50 del C. P. T. y S. S. le otorga facultades ultra y extra petita. Estas figuras jurídicas presentan tensiones entre sí, toda vez que, la esencia del principio de congruencia se opone a la facultad extra y ultra petita, pues, con las ultimas se busca otorgar lo que no se ha pedido o más de lo pedido. Quiere decir que existiría un fallo incongruente en un mayor o menor grado, pues, para emplear estas facultades necesariamente se requiere una petición deficiente ultra petita o inexistente extra petita. Esta situación repercute necesariamente en el derecho al debido proceso y derecho de defensa que le asiste a la contraparte, pues, desde que se presenta la demanda se le ha anunciado un marco de pretensiones, sobre las cuales, el juez posteriormente se pronuncia más allá o por fuera, frente a las que el demandando podría no haberse defendido haciendo un uso oportuno en la contestación de la demanda de las herramientas que le proporciona el ordenamiento jurídico para ejercer su defensa. Si bien para la estructuración de los presupuestos de un fallo ultra petita se requiere que los hechos que originan la decisión hayan sido debatidos, lo cierto es que, ello no ocurre en la etapa de la contestación, mecanismo de contradicción primigenio y fundamental del litigio. Tampoco se indica en el artículo 50 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, cual va ser el escenario en que se deberían debatir esos hechos ni la oportunidad de contradicción y publicidad que tendría la contraparte para controvertirlos, lo que da cuenta de una carente delimitación del momento procesal en que podría defenderse el demandado. De ahí que, surge ante esta situación una pregunta que resolver y es puntualmente si ¿El juez laboral para emitir una condena dentro de un proceso ordinario laboral en uso de sus facultades ultra y extra petita tiene el deber de advertir al demandado / empleador sobre la necesidad de probar un determinado hecho que no fue enunciado en la demanda, pero si en la etapa de la practica probatoria? La respuesta a este interrogante consideramos, puede ser un alivio a las tensiones enunciada. Así, estimamos que debe existir el deber por parte del juez laboral de advertir a la parte pasiva del proceso la necesidad de probar un determinado hecho a efectos de que la tensión generada entre la aplicación ultra y extra petita del juez laboral frente al derecho al debido proceso del demandado empleador puede encontrar solución. En cualquier etapa del proceso y hasta antes del cierre del debate probatorio el juez debe emitir una decisión que advierta al demandado que se presentan hechos relacionados con el pago de salarios, prestaciones o indemnizaciones que no fueron pedidos en el líbelo demandatorio y que pueden configurarse probados en el proceso y que a su vez conmine a el extremo pasivo a allegar al proceso los elementos probatorios que acrediten el pago o no de los mismos. Esto a efectos de que la parte demandada tenga la oportunidad de defenderse de los mismos y no se encuentre sorprendida en la sentencia con la materialización de una condena que no previó al no hallarse dentro de las pretensiones iniciales de la demandaItem type:Ítem, Del reduccionismo y unificación. El futuro de los poderes probatorios oficiosos en Colombia.Soler, Jorge; Paredes, Juliana; Fernández, MónicaLa prueba de oficio es una figura jurídica a cargo del director del proceso que se encuentra en ordenamiento Procesal Civil consagrada en su normatividad en los artículos 169 y 170 del Código General del Proceso, que reza sobre la prueba de oficio y su decreto, no obstante, no es la única prerrogativa del Juzgador y tampoco se puede reducir los poderes a esta, pues existen otros poderes como la admisión e inadmisión de pruebas, la posibilidad que el juez haga preguntas en el interrogatorio de partes y testigos, la prerrogativa de indicarle lagunas probatorias a las parte, la determinación de cuándo se alcanza el estándar de prueba dentro del proceso, entre otras, que resultan relevantes para el correcto desarrollo del proceso civil. Así las cosas, se pretende hacer el estudio a partir de tres momentos, esto es, que en un primer escenario se hará una aproximación sumaria de la historia y el concepto de las prerrogativas oficiosas, el segundo momento sobre la regulación de la de los poderes oficiosos en el Código General del Proceso y en un tercer escenario con la finalidad de aproximarnos a la línea orientadora del futuro de la prueba de oficio en Colombia, se estudiará la crítica central de este escrito que es el reduccionismo de los poderes oficiosos a la prueba de oficio, donde para mitigarlo es necesario la unificación de los poderes oficiosos en el marco procesal civil, de tal manera que tanto litigante como juez puedan identificar la gamas de prerrogativas oficiales que tiene el director del proceso en materia civil, así como ejercer su contradicción.