Maestría en Derecho Administrativo
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Item type:Ítem, Discrecionalidad del Control Fiscal en los Procesos de Contratación Estatal a la luz del Debido Proceso en la Gobernación del Chocó en la vigencia 2020-2023Martínez Ibargüen, Daninson; Perea Palacios, Luz Marcela; Bedoya Hernández, Erika MaríaLa fiscalización de los recursos públicos genera un grado de responsabilidad cuando se presentan hallazgos, tanto para quienes lo realizan como para quienes son controlados, dado que se trata de verificar la ejecución de los recursos públicos, siendo de vital importancia un control justo que no sobrepase las funciones establecidas en la Ley. De esta manera, revisar el proceso de control fiscal en el marco de los procesos de auditoría, especialmente en lo que tiene que ver con la contratación estatal en el departamento del Chocó, permite establecer si en el marco jurídico colombiano se puede aplicar la llamada discrecionalidad en la fiscalización, además de reconocer si está acorde con el principio constitucional del debido proceso. Así, se incluyeron orientaciones, conceptos generales y lineamientos relacionados con el control fiscal, donde el fiscalizador, atendiendo la esencia de lo que persigue el constituyente con el establecimiento del control, que no es otra cosa que evitar la malversación de los recursos y lograr el cumplimiento de los fines esenciales del Estado, lo que requiere que los procesos de auditoría sean públicos y abiertos con la participación de los contralores y el fiscalizado, con reglas claras y en aplicación al principio de legalidad.Item type:Ítem, Avance de la implementación de la moralidad administrativa y derecho a la buena administración en ColombiaCuenca Aguirre, Melissa; Bedoya, Erika MaríaEl presente artículo es el resultado de la investigación desarrollada en la maestría de derecho administrativo, con el objetivo de determinar el avance de la implementación de la moralidad administrativa y el derecho a la buena administración en Colombia. El derecho administrativo es la rama del derecho que dentro de sus objetivos cumple la función de regular la relación que se genera entre la Administración y los administrados. Con el pasar de los años y con la evolución de la sociedad se han creado y empezado a aplicar nuevos conceptos, principios y derechos dentro de esta rama del derecho. Los administrados no solo tienen obligaciones frente a la administración, sino que también tienen derechos, los cuales deben ser garantizados dando cumplimiento a la totalidad de principios que regulan el correcto funcionamiento de la administración y al cumplimiento de manera integral de todos los principios, que es lo que se ha denominado en la actualidad como derecho a la buena administración y moralidad administrativa.Item type:Ítem, Integridad y Transparencia, en la Perdida de Investidura: Un Análisis de su rol como Sanción DisciplinariaMena Perez, Maira Alejandra; Mosquera Ricard, Astrid Angélica; Bedoya Hernandez, Erika MariaEl presente escrito es resultado de un proceso de investigación de maestría y examina la aplicación de los principios de integridad y transparencia en el proceso de pérdida de investidura como sanción disciplinaria, evaluando su impacto y eficacia en el fortalecimiento de la ética pública. El objetivo general es analizar cómo estos principios se implementan y se respetan en los procedimientos legales que conllevan a la pérdida de investidura de funcionarios públicos. La metodología utilizada incluye un análisis cualitativo de casos judiciales y revisiones documentales de legislación relevante. Los resultados destacan la importancia de la transparencia en garantizar procesos justos y la integridad como fundamento para la imposición de sanciones disciplinarias. Las conclusiones más destacadas revelan que, aunque la implementación de estos principios es esencial para mantener la confianza pública, existen desafíos significativos en su aplicación práctica que requieren atención continua y reformas legislativas. Este estudio proporciona una visión comprensiva y crítica sobre el rol crucial que juegan la integridad y transparencia en el sistema disciplinario, ofreciendo recomendaciones para mejorar su aplicación en futuras normativas y prácticas administrativas.Item type:Ítem, Garantías procesales en etapa de juzgamiento para procesos disciplinarios de entidades públicas 2022-2023Giraldo Hincapie, Johanna Tatiana; Gil Medina, Jhon Edward; Bedoya Hernandez, Erika MariaEl presente trabajo académico se desarrolla con el fin de analizar la etapa de juzgamiento que se aplica en los procesos disciplinarios de las entidades públicas bajo la normativa del Código General Disciplinario (CGD), norma que empezó a regir a partir del 29 de marzo de 2022 , con el objetivo de identificar las garantías procesales para los disciplinados en esta etapa procesal, teniendo en cuenta la separación entre esta y la etapa de instrucción. Para ello, se hace necesario abordar los principios, responsabilidades y competencias que se desarrollan en cada etapa del proceso desde su independencia, autonomía e imparcialidad, con lo que se concluye que el CGD no logra hacer efectivas las garantías procesales a las cuales los servidores públicos tienen derecho cuando se disciplinan. Además, se debe tener en cuenta que se establece una línea muy delgada entre la etapa de instrucción y juzgamiento, lo que en ocasiones hace que la autonomía, la independencia y la imparcialidad que deben darse por parte del juzgador se pierdan, contaminen y/o vicien la decisión final.Item type:Ítem, Contradicciones en el régimen jurídico laboral de docentes ocasionales y catedráticos en Colombia a partir de la Sentencia C-006 de 1996Diaz Garcia, Andrea; Bedoya Hernandez, Erika MariaEste documento revisa la Sentencia C-006 de 1996 de la Corte Constitucional, la cual reconoce a los docentes ocasionales y catedráticos de las universidades públicas como servidores públicos con derecho al régimen prestacional y salarial. Esto ha llevado a que su vinculación con las instituciones sea legal y reglamentaria, como corresponde a los referidos sujetos. Al respecto, la Corte Constitucional, encargada de resolver conflictos de competencia entre jurisdicciones, en los últimos años ha establecido como regla que los conflictos laborales de los profesores se deben reconocer en la jurisdicción ordinaria y no en la contenciosa administrativa, pues ellos se vinculan mediante contrato laboral y, por tanto, son trabajadores privados. En virtud de ello, el presente trabajo se enfoca en estudiar al servidor público (características, categorías, etc.), así como la jurisdicción contenciosa administrativa desde su creación en Colombia, en especial su objeto de conocimiento. Con esto, se halla que es a esta jurisdicción a la que le corresponde conocer los litigios laborales de los maestros ocasionales y catedráticos, dada su competencia establecida, pues, en efecto, ellos son servidores públicos y no trabajadores privados.Item type:Ítem, Vulneración al debido proceso en la aplicación del procedimiento sancionatorio ambiental al no otorgar etapa para la presentación de alegatos de conclusiónMartínez Díaz Granados, Tatiana Margarita; González Gallego, Yolanda; Bedoya Hernadez, Erika MariaEste artículo es el resultado de un trabajo de investigación cuyo objetivo es analizar la posible vulneración del derecho al debido proceso en el procedimiento sancionatorio ambiental establecido por la ley 1333 de 2009, debido a la falta de una etapa destinada a la presentación de alegatos de conclusión. Una de las causas aparentes es la ausencia de consenso sobre las etapas de este procedimiento, especialmente cuando la normatividad que actualmente la regula no cuenta con una sentencia de unificación por parte del Consejo de Estado. Además, el procedimiento actual no considera acciones para las entidades que no brinden garantías procesales a los investigados, afectando su correcta aplicación normativa y la protección de los derechos de las personas. A través de un enfoque cualitativo socio-jurídico y un análisis hermenéutico, se examina la presunta vulneración del debido proceso mediante la revisión de la normativa vigente y el análisis de la jurisprudencia para identificar los vacíos legales que afectan los derechos procesales de los investigados, enfocados en la carencia de una etapa de alegatos de conclusión. Los resultados revelan que la falta de esta etapa en el proceso constituye una violación significativa al debido proceso, como se advierte en diversos fallos judiciales. Se finaliza concluyendo que una reforma normativa que integre explícitamente los alegatos de conclusión es necesaria para garantizar la protección de los derechos fundamentales en el procedimiento sancionatorio ambiental.Item type:Ítem, Diferencias en la aplicabilidad de los principios de igualdad y transparencia en los procesos de contratación estatal de la Alcaldía de Pereira y gobernación de Risaralda durante el periodo 2021-2023Aguirre Grisales, Paola Andrea; Londoño Ocampo, Germán David; bedoya hernandez, erika mariaEl presente artículo responde al resultado de la investigación realizada, en la cual se analiza la aplicabilidad de los principios de igualdad y transparencia en los procesos contractuales adelantados por la Alcaldía de Pereira y la Gobernación de Risaralda, teniendo en cuenta que los principios contractuales constituyen una herramienta indispensable para la planeación de los procesos de contratación que son ejecutados a través de las entidades públicas, para la materialización de los fines esenciales del Estado. Igualmente, se analiza las diferencias entre la aplicabilidad que hacen estas instituciones públicas, para verificar si se realiza una aplicación estricta a los principios de igualdad y transparencia, y si estos resultan eficaces y eficientes en la optimización de los recursos públicos. En este sentido, se aborda la aplicabilidad de los referidos principios en materia de contratación estatal, desde un enfoque doctrinal, normativo y jurisprudencial, tomando como referencia los procesos de contratación que desarrolló la Alcaldía de Pereira y la Gobernación de Risaralda durante la vigencia 2023, cuyo objetivo general es “Comparar las diferencias en la aplicabilidad de los principios de igualdad y transparencia en los procesos de contratación estatal (adquisición de bienes y servicios) de la alcaldía de Pereira y gobernación de Risaralda desde el año 2021 hasta el año 2023”, donde la herramienta fundamental para la revisión de los contratos fue la plataforma del Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP 2).Item type:Ítem, El dictamen pericial en la Jurisdicción Contenciosa Administrativa de conformidad con la ley 2080 de 2021Arias Osorio, Carolina; Álvarez Londoño, Catalina; Ríos Sarmiento, MelissaUna de las finalidades del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo fue hacer efectiva la tutela de los derechos y libertades de los administrados, lo que buscó tener una codificación menos adjetiva y más sustancial en la que se regularan todos los aspectos tanto en la Administración como en la Jurisdicción Contenciosa Administrativa; sin embargo, lo no regulado en esa codificación, sigue siendo tramitado por expresa autorización del artículo 306 del C.P.A.C.A., a través del Código General del Proceso, siendo un asunto relevante el poder clarificar cómo se aplica esta codificación a la obtención del dictamen pericial en el juicio administrativo, lo cual se hará de la mano de la jurisprudencia y la doctrina, teniendo en cuenta la modificación que introdujo la Ley 2080 de 2021, mediante la cual se modificaron los artículos 218 a 222 de la Ley 1437 de 2011, introduciendo un cambio sustancial en la presentación de esta prueba especial, relacionada con la obligación y forma de aportarlas. Lo anterior, se estructuró a partir lo expuesto por el Máximo Órgano de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo entre los años 2021 a 2023 y en el Tribunal Administrativo de Risaralda, en aras de ratificar a través de la jurisprudencia las reglas de aplicación del C.G.P., en el trámite de la prueba pericial y su aplicación dentro de los juicios administrativos.Item type:Ítem, La caracterización socio/económica y su importancia para materializar la orden policiva de desalojo sobre asentamientos subnormales en predios de uso público.Monroy Pajoy, Juan Sebastián; Cardona Bautista, Daniela; Petro Gonzalez, Ingrid RegionaLas connotaciones jurídico – sociales que se abordan al interior de los asentamientos subnormales a fin de identificar de manera clara y precisa los fenómenos que ocurren cuando se debe materializar una orden policiva de desalojo para recuperar un inmueble de uso público. Es así como la Sentencia de Unificación 016 de 2021donde la Corte determinó ciertos requisitos sin cuales no era viable la materialización de un procedimiento de desalojo, donde uno de esos requisitos se refería a la elaboración y desarrollo de un censo de la población objeto del desalojo, donde se identifiquen con información precisa los núcleos familiares, su conformación con información personal y la población vulnerable a la cual hacen parte. El problema de lo anterior radica que para realizar dicho censo es necesario la voluntariedad de las personas objeto de desalojo para aportar de manera clara sus datos, cosa que en algunos asentamientos se hace imposible, si tenemos en cuenta que, las autoridades territoriales no son bien recibidas y menos cuando se solicitan datos personales. Es por lo anterior que se analizará la importancia de la caracterización socio – económica dentro de un procedimiento de materialización de desalojo, los grupos poblaciones vulnerables que se concentran en los asentamientos subnormales y la facultad de que tiene la autoridad policiva para efectuar estos procesos.Item type:Ítem, Analisis jurisprudencial sobre la indemnización sustitutiva en el departamento de Caldas: contraste entre la seguridad jurídica y el derecho a la seguridad socialOcampo Orozco, Vanessa; Pérez Cotrino, Jaime Andrés; Restrepo Zuluaga, Nezar; López García, MauricioLa indemnización sustitutiva de la pensión de vejez se erige como una prestación económica para el trabajador que no logró cumplir con el número de semanas exigido por la Ley para el reconocimiento de la pensión de vejez, teniendo que al proferirse la Ley 100 de 1993, se erigió un Sistema General de Pensiones divido en un régimen de prima media con prestación definida administrado por la Administradora Colombiana de Pensiones – COLPENSIONES; y, un régimen de ahorro individual con solidaridad, donde proliferan un grupo de aseguradora de fondos privados. Ahora la citada norma consagró en el artículo 151, que el Sistema General de Pensiones entraría en vigencia para los servidores públicos del nivel departamental, municipal y distrital a partir del 30 de junio de 1995 (Ley 100, 1993), por lo que con antelación a esa fecha, esa carga se encontraba en cabeza de las cajas de previsión social de las entidades territoriales, encontrando que algunos de ellos no fueron afiliados a dichas cajas o a pesar de estarlo, se niega la prestación al precisarse que la introducción de esa prestación no aplicaba para tales empleados. Así las cosas, es importante a partir de los pronunciamientos de la Corte Constitucional, la Consejo de Estado, se establecerá el contraste que se presenta en el tema en mención, toda vez que se ha indicado por las citadas corporaciones que se vulneran derechos como la seguridad social por parte de la gobernación de Caldas, al no reconocer la indemnización sustitutiva a los empleados desvinculados con anterioridad al 30 de junio de 1995.