Maestría en Derecho Público

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    Dinámicas del despojo de tierras en el Municipio de San José de Cúcuta (Dpto. Norte De Santander)
    Méndez Avendaño, Catalina; Clavijo Cáceres, Darwin Gilberto
    La investigación parte del reconocimiento de la tierra como un elemento esencial para la vida en comunidad, no solo por su función material (alimentación, vivienda, recursos), sino también como base de identidad cultural y social. En Colombia, la Corte Constitucional ha resaltado este vínculo, considerándolo un derecho fundamental que debe ser garantizado para todas las personas, no solo comunidades étnicas. Pese a que existen mecanismos legales para proteger la propiedad (como acciones civiles y penales), estos resultan ineficaces frente al contexto del conflicto armado, donde el desplazamiento forzado y el despojo de tierras se convirtieron en estrategias de control territorial por parte de actores armados legales e ilegales. Desde los años 50, el conflicto en Colombia ha estado vinculado a la concentración de la propiedad, una débil estructura agraria y la falta de respuesta estatal. En otras palabras, el despojo de tierras es una de las consecuencias más dolorosas del conflicto armado colombiano. Este fenómeno no solo implicó la pérdida de bienes materiales para las víctimas, sino también la ruptura de vínculos culturales, sociales y familiares con sus territorios. En el caso específico de Cúcuta, esta situación se agrava por la presencia de múltiples actores armados y el abandono estatal. A pesar de la gravedad del problema, existe poca sistematización de la información sobre este fenómeno a nivel municipal, lo que hace necesaria esta investigación. La investigación busca comprender las características del despojo de tierras en Cúcuta, abordando los antecedentes del conflicto, los actores involucrados, los mecanismos de despojo y las afectaciones individuales y colectivas.
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    Cambios jurisprudenciales del consejo de estado en el juicio de responsabilidad del estado en privación injusta de la libertad entre los años 1998-2021
    Puentes Mendoza, Astrid Yurley; Jimenez Escalante, Jesica Tatiana; Yañez Meza, Diego Armando
    Debido a los cambios jurisprudenciales del consejo de Estado, en especial en casos de responsabilidad del Estado en casos de privación injusta de la libertad, se ha establecido las situaciones que determinan probada la culpa exclusiva de la víctima, circunstancia que eximen de responsabilidad a la entidad demandada, interpretaciones que a través del tiempo ha venido siendo establecida mediante jurisprudencia para ser aplicada a cada uno de los casos concretos.
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    Transformaciones y desafíos del procedimiento administrativo especial de extensión de jurisprudencia del consejo de estado a terceros: análisis de precedentes 2014-2018
    Becerra Garza, Aldis Nebai; Reyes Granados, Jesús David; Yañez Meza, Diego Armando; Jimenez Escalante, Jessica Tatiana
    La legislación del derecho administrativo colombiano estableció en la Ley 1437 de 2011 el Procedimiento Administrativo Especial de Extensión de Jurisprudencia del Consejo de Estado a terceros, como herramienta para que las personas acudan directamente ante las autoridades con la pretensión de obtener decisiones uniformes como ordenan los precedentes emitidos en las sentencias de unificación del mismo Consejo de Estado, logrando la aplicación efectiva de la igualdad y coordinación predicada de la institucionalidad en sus actuaciones. No obstante, la aplicabilidad de este procedimiento ha suscitado inquietudes u obstáculos en estas peticiones procesadas por las autoridades, pues desde las providencias: autos expedidos en el trámite y las disposiciones consagradas en la reforma al CPACA a través de la ley 2080 del 2021, se infiere un panorama donde constantemente reformulan las consideraciones normativas que buscan el verdadero ejercicio de este procedimiento especial. Este sistema de reglas procesales constituye un panorama interesante en las trasformaciones del derecho administrativo con sustento en las decisiones tanto de la jurisprudencia constitucional como en la contenciosa administrativa en el lapso de los años 2014 a 2018 respondiendo sobre las descripciones, transformaciones y desafíos a futuro que pueden sintetizarse en innovadoras tendencias en el desarrollo de la materialización de los derechos subjetivos por medio de la diligencias ejecutadas por las autoridades mediante el mecanismo de extensión.
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    Aplicación de los criterios legales para la reclamación del derecho a la restitución de tierras para la mujer rural víctima del conflicto armado en Colombia
    Torres Duran, Delia Judith; Clavijo Cáceres, Darwin Gilberto
    La investigación tiene como objetivo analizar la aplicación de los criterios legales para la reclamación del derecho a la restitución de tierras para la mujer rural víctima del conflicto armado en Colombia. Desde el contexto metodológico, se formuló un estudio hermenéutico jurídico, que permitió la examinación de los criterios legales para la reclamación del derecho a la restitución de tierras. Para ello, se acudió a las fuentes de investigación, como la observación descriptiva, la jurisprudencia y la doctrina jurídica, con el fin de responder a los objetivos establecidos. Finalmente, se pudo concluir que existe un sesgo discriminatorio para la reclamación del derecho a la restitución de tierras para la mujer rural, a partir de varios componentes, que distan de un proceso garantista e integral en estas comunidades.
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    La doble conformidad en Colombia: una crítica por omisión legislativa generadora de responsabilidad internacional por incumplimiento de las obligaciones sobre derechos humanos
    Leal Toloza, María Alejandra; Soto Cadena, Ana Paola; Páez Jaimes, Juan Camilo; Clavijo Cáceres, Darwin Gilberto
    A partir de la ratificación que el Estado Colombiano realizara del PIDCP y de la CADH ingresó en el compromiso internacional de ajustar el ordenamiento jurídico interno, concretamente en materia penal, al Corpus Iuris Interamericano, situación que no ha sido del todo eficaz para la figura de la doble conformidad como garantía del derecho al debido proceso; la falta de intervención por parte del legislador en el abordaje de la materia ha impuesto que este no sea aplicable en la plenitud de los eventos que son requeridos. Se aborda la omisión legislativa del desarrollo del doble conforme y como ésta podría acarrear responsabilidad internacional.
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    Responsabilidad estatal por del daño ambiental frente a la desaparición progresiva de especies arbóreas nativas y endémicas en Cúcuta
    Cañas Chacón, Leydy Dayana; Colmenares Gómez, Claudia Ximena; Clavijo Cáceres, Darwin Gilberto; Guerra Moreno, Debora
    En el presente trabajo, se aborda el estudio del daño ambiental puro consistente en la desaparición progresiva de especies nativas y endémicas del arbolado urbano en la ciudad de Cúcuta -Norte de Santander, Colombia-, para establecer si ante tal fenómeno lesivo al medio ambiente, se configura una responsabilidad estatal a cargo de las entidades públicas encargadas de la protección del ambiente y la preservación, control, evaluación, seguimiento y manejo de los recursos naturales. De modo tal, se realiza un estudio de caso concreto sobre el arbolado urbano en la ciudad de Cúcuta con ocasión de la introducción de especies que podrían comportarse como invasoras por parte de terceros, y hasta qué punto, la actuación omisiva de los organismos de control estatal configura un fundamento fáctico de imputación por omisión y jurídico frente al incumplimiento per se frente al contenido obligacional contemplado en el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia, y el régimen jurídico sobre la materia.
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    Responsabilidad patrimonial del Estado frente al daño causado por las fallas en la prestación del servicio de seguridad a los firmante de paz – Adecuación del título de imputación
    Blanco Rivera, Leidy Johanna; Guerra Moreno, Debora; Clavijo Caceres, Darwin
    El conflicto armado en Colombia, que involucró a las FARC-EP durante más de 50 años, ha sido una historia continua de intentos de paz y desarme. El proceso de paz tramitado durante el gobierno de Juan Manuel Santos culminó en un acuerdo histórico en 2016, con seis puntos principales destinados a abordar las raíces del conflicto. Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados por las diferentes entidades estatales, según la misión de verificación de la ONU al menos 355 firmantes de paz de las FARC-EP han sido asesinados desde la suscripción del referido instrumento. En este sentido, la materialización de la prestación del servicio de seguridad a los firmantes no ha sido el adecuado. Debe advertirse que el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto encontró sustento jurídico a raíz de las disposiciones del Acto Legislativo No. 1 de 2016, aunado a distintas normatividades como el Decreto Ley 899 de 2017 o el Decreto 299 del 23 de febrero de 2017, de las cuales, nacen unas obligaciones especiales para el Estado colombiano relacionadas con brindar una prestación adecuada en el servicio de seguridad a los firmantes de este instrumento para la paz, que de no ser cumplidas satisfactoriamente, pueden desencadenar en la configuración de responsabilidad patrimonial del Estado frente a eventuales daños antijurídicos que se produzcan por la falla en la prestación de ese servicio, aspecto que comprendió el objetivo principal de la presente investigación, aunado a la adecuación del título de imputación aplicable para este tipo de casos.
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    La responsabilidad patrimonial del estado y el estado de cosas inconstitucional en las cárceles colombianas
    Mendez Prada, Everto; Montagut Arévalo, Miguel Ángel; Clavijo Cáceres, Darwin Gilberto
    La Corte Constitucional dentro de su jurisprudencia se atribuyó la facultad de declarar el estado de cosas inconstitucional mediante la emisión de sentencias estructurales en las que se estudian casos donde se evidencian sistemáticas y generalizadas vulneraciones a derechos fundamentales a distintos sectores de la población, impartiendo órdenes importantes para que las autoridades encargadas de proteger tales derechos neutralicen esa situación que contraría lo postulados constitucionales a gran escala. Un evento que ha adquirido especial importancia en el marco de las sentencias que declaran el estado de cosas inconstitucional es la vulneración de derechos fundamentales a la población recluida en los centros penitenciarios y carcelarios de Colombia, pues desde el año 1998 con la Sentencia T-153 y hasta el año 2022 con la sentencia SU-122 se ha declarado y reiterado esta problemática en la jurisprudencia constitucional, al evidenciarse situaciones de hacinamiento, insuficiente prestación de servicios médicos, falta de alimentación y sanidad, entre otras circunstancias que han generado daños antijurídicos reparables por el Estado. Dicho lo anterior, dentro de la presente investigación se abordó la temática de la responsabilidad patrimonial del Estado frente al estado de cosas inconstitucional las cárceles colombianas, para lo cual se desarrollaron los siguientes objetivos: se estudió lo atinente a la evolución jurisprudencial de este fenómeno; se identificó el marco jurisprudencial sobre responsabilidad del Estado por daños causados por las deficiencias del sistema carcelario que condujeron a la declaratoria del estado de cosas inconstitucional; y, se establecieron los daños que se pueden ocasionar por el estado de cosas inconstitucional en el sistema carcelario de Colombia.
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    Responsabilidad patrimonial del estado por el daño causado en la prestación de servicios de salud a personas en situación de discapacidad
    Prato Acevedo, Santiago Andrés; Clavijo Cáceres, Darwin Gilberto; Corzo Mantilla, Luis Alejandro
    La Organización Panamericana de la Salud, OPS (2022) conceptúa sobre la discapacidad “aquellas que tienen deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, en interacción con diversas barreras, puede obstaculizar su participación plena y efectiva en la sociedad” (p.1), es decir establece el carácter continuo de la patología física o sicológica del individuo, además implica la necesidad de realizar un apoyo especial que permita su inclusión social y cultural, sin ningún tipo de discriminación, en especial en el acceso a los servicios de salud en el país. Bajo esta concepción, el Estado colombiano tiene el compromiso de avalar los derechos plenos de los ciudadanos con discapacidad, asimismo, en ofrecer y garantizar un acceso a un servicio de salud equitativo, igualitario, de calidad, donde no menoscabe o dificulte el disfrute de los derechos que este grupo de ciudadanos requiere, por otro lado, está en la obligación de promover campañas educativas que permitan un adecuado acceso de la prestación del servicio de salud (Paredes, 2013). Esta situación representa una problemática muy grande, pues en algunos casos se les dificultad a estas personas acceder en los servicios de salud, siendo una transgresión flagrante a los derechos fundamentales más básicos; por ello, el Estado cae en una responsabilidad legal al no hacer cumplir esos derechos, además de los componentes que influyen en la aplicación del derecho. Así pues, el perjuicio causado a los ciudadanos en situación de discapacidad representa una carga ardua de soportar, y representa un daño antijurídico que el mismo no está forzado a tolerar. La presente investigación persigue analizar el marco legal y jurisprudencial frente a la responsabilidad del Estado en la prestación de servicios de salud a ciudadanos en condición de discapacidad.
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    La responsabilidad patrimonial del Estado por daños ocasionados con los cambios en los planes de ordenamiento territorial.
    Durán Carvajal, David Andrés; Rodríguez Calderón, Carlos Alberto; Clavijo Cáceres, Darwin Gilberto; Corzo Mantilla, Luis Alejandro
    La jurisprudencia de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado ha establecido la posibilidad de acudir a través del medio de control de reparación directa ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para solicitar la reparación de los daños ocasionados por los cambios en las normas de uso de suelos introducidos por una actualización o cambio del plan de ordenamiento territorial. En principio, podría considerarse que la parte pasiva de dicha demanda la integraría únicamente los municipios o distritos, siendo estos los responsables por tales daños. No obstante, lo relacionado con la organización del territorio municipal, encuentran su sustento en normas constitucionales y legales, que fijaron también unas competencias para la Nación y los Departamentos, que, analizadas detenidamente, podrían ser generadoras de daños antijurídicos con cualquier cambio o actualización dentro del plan de ordenamiento territorial, que acarrearían una responsabilidad para estos entes, y no solo para el Municipio o distrito. En tal sentido, dentro del presente artículo de investigación se tuvo como objetivo principal la exposición de los fundamentos jurídicos que determinan la responsabilidad patrimonial del Estado por daños ocasionados con los cambios en los planes de ordenamiento territorial, pero no sólo desde la perspectiva de la responsabilidad de los Municipios y Distritos, sino también, desde una óptica novedosa, como lo es, el análisis de la responsabilidad que adquiere la Nación y los departamentos en este asunto.