Tipos de responsabilidad de los servidores públicos y particulares frente a violaciones a la convención americana de derechos humanos, 1985-2016

Abstract

La positivización del Derecho Internacional de los Derechos Humanos obedeció a procesos sociales, políticos y económicos generados a consecuencia de conflictos, guerras y hechos claramente notorios de violaciones a los derechos del hombre, como fue el genocidio judío en la segunda guerra mundial, con la característica de que los gestores de estas violaciones fueron los gobernantes de turno en el continente europeo. Ante esta realidad, se hacía imperiosa la garantía de los derechos a todos los asociados, lo que fue plasmándose en declaraciones y tratados internacionales, donde se protegen a hombres, mujeres, niños, migrantes, trabajadores, personas con capacidades disminuidas, entre otros. Ahora bien, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos no solamente es de obligatorio cumplimiento para los Estados que lo han ratificado a través de convenios y tratados sino también para todas las personas naturales que integran la población de esos Estados. El Estado colombiano ratificó la Convención Americana de Derechos Humanos y aceptó la competencia de la Corte IDH desde 1985, fecha desde la cual se han proferido 16 sentencias condenatorias contra Colombia por hechos cometidos tanto por servidores públicos como por particulares ajenos a la administración, pero que actuaron con anuencia o por la omisión del Estado. A partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, los Estados suscribieron una serie de tratados internacionales para la protección de los derechos humanos; entre los cuales Colombia ha ratificado los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y sus protocolos facultativos, la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención contra la tortura, la Convención sobre los Derechos del Niño, La Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, la Convención sobre los Derechos de las personas con discapacidad, la Convención internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas.

The positivization of the International Law of Human Rights obeyed to social, political and economic processes generated as a consequence of conflicts, wars and clearly notorious violations of the rights of man, as was the Jewish genocide in the Second World War, with the characteristic that the managers of these violations were the current rulers in the European continent. Faced with this reality, the guarantee of rights to all members became imperative, which was reflected in international declarations and treaties, which protect men, women, children, migrants, workers, people with diminished abilities, among others. However, the International Law of Human Rights is not only mandatory for the States that have ratified it through agreements and treaties, but also for all the natural persons that make up the population of those States. The Colombian State ratified the American Convention on Human Rights and accepted the competence of the Inter-American Court since 1985, date from which 16 convictions have been handed down against Colombia for acts committed by both public servants and individuals outside the administration, but which they acted with consent or for the omission of the State. From the Universal Declaration of Human Rights of 1948, the States signed a series of international treaties for the protection of human rights; among which Colombia has ratified the International Covenants on Civil and Political Rights and on Economic, Social and Cultural Rights and its optional protocols, the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, the Convention on the Elimination of All Forms of discrimination against women, the Convention against Torture, the Convention on the Rights of the Child, the International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families, the Convention on the Rights of Persons with Disabilities, the International Convention for the Protection of All Persons against Enforced Disappearances.