falta de control judicial de las medidas cautelares practicadas en las acciones de extinción de dominio iniciadas en vigencia de la ley 793 de 2002

Abstract

En el régimen de la Acción de Extinción de Dominio en Colombia encontramos la figura de las medidas cautelares cuyo fin es evitar que los bienes objeto de la Acción de Extinción de Dominio sean ocultados, negociados, gravados, distraídos, transferidos deteriorados, extraviados, destruidos o cesar su uso para destinación ilícita, por lo que este trabajo está enfocado en estudiar la procedencia del control de legalidad sobre las medidas cautelares practicadas en procesos de extinción de dominio iniciados en vigencia de la Ley 793 de 2002, teniendo en cuenta que dicha ley no contempló este mecanismo y que a la presente fecha existen un sin número de procesos en etapa probatoria con medidas cautelares vigentes. El trabajo parte de una estructura introductoria, posteriormente se describen los antecedentes normativos de la acción de extinción de dominio, se plantea la discusión de la problemática, la justificación del tema propuesto que se plasma en la pregunta investigativa y se formulan los objetivos. Así mismo se toca las Generalidades de las medidas cautelares, el tratamiento legislativo dado al control judicial de las cautelas en los procesos de extinción de dominio, se hace hincapié en las diferencias existentes entre la Ley 793 de 2002 con respecto a la Ley 1708 de 2014 bajo el test de proporcionalidad – como criterio de igualación, para finalmente aborda los derechos a la protección judicial vinculada al derecho de propiedad, incluidos en la Convención Americana de Derechos Humanos y terminar con las conclusiones. Bajo este entendido, se ha tomado como base los pronunciamientos de La Corte Interamericana de Derechos Humanos, La Honorable Corte Suprema de Justicia, La Corte 3 Constitucional, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá Sala de Extinción de Dominio y de los distintos Juzgados Penales del Circuito Especializados en Extinción de Dominio del país, para dejar en evidencia la falta de un efectivo medio de control judicial de las cautelas practicadas en los procesos de extinción de dominio iniciados en vigencia de la ley 793 de 2002