Análisis de la responsabilidad patrimonial del estado legislador frente a las decisiones de las altas cortes en materia tributaria

Abstract

El Congreso de la República, pese a ser una representación de la Soberanía Colombiana, no tiene un poder absoluto e ilimitado. Contrario a ello, está supeditado al cumplimiento de la Constitución y la ley, de manera que si al ejercer sus funciones se extralimita o realiza actos contrarios al imperio de la ley al causar un daño antijurídico con la expedición de normas que transgreden el orden constitucional y legal, debe ser llamado a responder patrimonialmente por el resarcimiento de los perjuicios que de su conducta se deriven. Sin embargo, tal postulado, aun cuando apenas es justo y razonable, en la realidad resulta de difícil materialización, en tanto que los mecanismos legales establecidos para obtener el derecho de reparación se ven anulados por las decisiones de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado; corporaciones que anteponen al deber de responsabilidad estatal, criterios de interpretación muy particulares y que van en contravía del Estado Social de Derecho, los cuales convalidan las malas prácticas del legislador y, en ocasiones, dejan impunes los daños que de ellas se derivan.