La figura del daño colateral en el conflicto armado a la luz de la actual Constitución Política De Colombia

Abstract

Es interés de este escrito analizar que al “armonizar” el Derecho Penal Colombiano con el Derecho Internacional Humanitario, en la medida que se tiene el Estatuto de Roma como un instrumento internacional incorporado a nuestra legislación, se evidencia la necesidad de revisar sí en los eventos de ataques a población civil se está actuando en concordancia con los postulados constitucionales, y si ciertas medidas incorporadas al Estatuto, podían resultar ajenas a la tradición jurídica nacional y a ciertos valores superiores como es el caso conceder la garantía de inmunidad absoluta al Estado en el caso de "desbordamiento" o "daño colateral", que impide el enjuiciamiento penal y por ende la impunidad en el caso de la muerte de civiles en dichos eventos. A pesar de que la Constitución Política recalca el derecho a la vida como primordial y el Estado tiene como fin esencial protegerlo, se evidencian contradicciones en cuanto a la aceptación del daño colateral pregonado en el Estatuto de Roma producto de una operación militar, en donde la pérdida de vidas civiles se considera justificada en función de los objetivos que esa guerra persigue; las vidas de quienes estaban “en el lugar y en el momento equivocados”, desde la perspectiva del imperativo de una acción armada para el que esas vidas no cuentan como tales sino solo como daños colaterales. Al ser designadas de esta manera se pierde su especificidad de vidas humanas singulares para quedar inscritas en una estadística que justifica por sí misma su desaparición al quedar subordinadas a los objetivos superiores de la guerra.voluntad para los negocios jurídicos y que es primordial que se establezcan parámetros que garantice el uso adecuado para evitar arbitrariedades, en especial en casos en los que el consumidor se adhiere a los contratos comerciales, para generar condiciones de equidad, orden público y respeto de las buenas costumbres. Lo anterior, a través de un método cualitativo y concretados en una revisión documental de la doctrina, legalidad y jurisprudencia.