Control de convencionalidad de los actos administrativos que sancionan a funcionarios públicos elegidos por voto popular en Colombia

Abstract

Colombia ha sido escenario de una interesante discusión jurídica en torno a las sanciones disciplinarias como instrumento para limitar el ejercicio de derechos fundamentales, como el de elegir y ser elegido, cuando son impuestas a funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones, confrontación jurídica que surge de la disyuntiva entre las facultades que para ello otorga la Constitución de 1991a la Procuraduría General de la Nación, lo que señalan las obligaciones internacionales del Estado colombiano en materia de derechos humanos, más concretamente la controversia; tiene origen en razón de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, la cual consagra en su catálogo de derechos y garantías la necesidad de que exista una sentencia judicial dictada por juez penal competente para poder limitar o restringir el derecho fundamental en mención. Por lo anterior, se revisa la concordancia de las normas colombianas relativas a la potestad que otorga a la Procuraduría para sancionar con destitución a funcionarios públicos de elección popular, a la luz del control de convencionalidad y las recientes posturas de la Corte Constitucional en la materia, evidenciando consigo la relación y nivel de prioridad respecto de las funciones asignadas al procurador frente a los derechos políticos consagrados en la CADH, y su efectividad en un Estado social de derecho.