El control judicial de la acusación en la ley 906 de 2004

Abstract

La acusación es una herramienta estatal utilizada por los delegados de la Fiscalía General de la Nación para vincular a los procesados a un juicio oral y público. Tal acto unilateral, de conformidad con lo establecido en la Ley 906 de 2004, es incontrolable e irrefutable en una etapa previa al juzgamiento, por lo que es susceptible de arbitrariedades que, por lo mismo, pueden conducir a su deslegitimación y a la vulneración de los derechos fundamentales del encausado. Por lo tanto, se requiere de la implementación de una audiencia de causa probable que le permita al juez controlar la acusación y al procesado controvertirla, por lo que el sistema penal colombiano se tornaría más garantista, pues el hegemónico poder de los fiscales se vería limitado por los jueces, quienes deben ser los únicos autorizados para determinar si el procesado debe ser sometido a un juicio criminal, en la medida en que se trata de una decisión lesiva de sus garantías constitucionales. El control judicial de la acusación y la existencia de la etapa intermedia estuvieron contemplados en el proyecto del Acto Legislativo 03 de 2002, pero fueron retirados del texto finalmente aprobado. A pesar de ello, en la comisión redactora de la Ley 906 de 2004 se abordó el tema y, aunque se postularon importantes argumentos para defender su implementación, finalmente triunfó la tesis de negar cualquier tipo de control a la acusación en una etapa previa al juicio oral. No obstante, debe aclararse que el control de la acusación hace parte de nuestra tradición jurídica y de los esquemas procesales de distintos países del mundo, por medio de los cuales acogieron al interior de sus legislaciones un sistema acusatorio o de tendencia acusatoria. Por otro lado, aunque el sistema acusatorio colombiano entró a regir hace más de 10 años, hasta ahora se está determinando, en la jurisprudencia y en la praxis judicial, si el juez debe controlar materialmente la acusación del fiscal o si, por el contrario, no se debe vigilar dicha facultad que, a juicio de los autores, puede llegar a transgredir injustamente de los derechos del procesado