EL DEBIDO PROCESO SANCIONADOR FRENTE A LA NORMA ESPECIAL QUE 2 REGULA EL TÉRMINO DE LA ETAPA PROBATORIA EN LOS PROCESOS SANCIONATORIOS DE RÉGIMEN SANITARIO EN COLOMBIA

Abstract

La presente investigación jurídica se realiza con el fin de analizar el cumplimiento de los términos procesales para la etapa probatoria de los procesos sancionatorios del Invima en atención a la Ley 1437 de 2011, como garantía al debido proceso administrativo. Como consecuencia de dicho análisis, crear una herramienta administrativa para la autoridad sanitaria de Colombia en defensa a sus intereses, en razón a prevenir el daño antijurídico para la Administración ante la expedición de actos administrativos proferidos presuntamente con la vulneración al principio de debido proceso sancionador en dicha materia. Este estudio se hace necesario para la administración en aras de mitigar el riesgo al daño antijurídico ocasionado por el reconocimiento judicial y patrimonial de condenas a la Administración, así como, establecer un mecanismo que vele por los intereses jurídicos de los titulares de los procesos sancionatorios en su derecho y garantía al debido proceso, teniendo en cuenta que el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, es una herramienta que permite a los ciudadanos impugnar actos administrativos que consideren que violan sus derechos. Cuando se utiliza este medio y se logra obtener una condena de nulidad y restablecimiento del derecho, puede haber consecuencias patrimoniales para la administración pública, como la obligación de pagar indemnizaciones, restituir bienes, reconocer derechos, entre otros. Sin embargo, es importante tener en cuenta que, en algunos casos, el reconocimiento judicial y patrimonial de estas condenas puede generar un riesgo al daño antijurídico. Esto ocurre cuando la administración pública no cuenta con los recursos financieros para cumplir con la obligación impuesta por la sentencia o cuando el cumplimiento de la sentencia puede afectar el interés público de manera desproporcionada. Por lo tanto, es importante mitigar este riesgo al daño antijurídico a través de medidas 11 que permitan un cumplimiento efectivo de las obligaciones impuestas por la sentencia, sin poner en peligro la estabilidad financiera de la administración pública o el interés general. Esto puede implicar la implementación de políticas públicas que permitan prever y gestionar adecuadamente el riesgo financiero, o la adopción de medidas que limiten el impacto de la sentencia en el interés general, siempre y cuando estas medidas no vulneren los derechos fundamentales de los ciudadanos afectados