Fortaleciendo la lucha contra la moneda falsificada

Abstract

La falta de contundencia de la Ley 599 de 2000, art. 274 (y en las sanciones que se imparten a partir de este) presenta dificultades a la hora de sancionar conductas que deberían ser punibles, como la posesión de ciertas cantidades de moneda falsificada. En el Código Penal Colombiano, el delito de tráfico de moneda falsificada se encuentra tipificado de la mano con los verbos rectores de adquirir, comercializar, recibir y circular, todas acciones que, de ser comprobadas, llevarían al individuo en cuestión a cumplir una condena de entre cuarenta y ocho (48) y ciento cuarenta y cuatro (144) meses de prisión.

Sin embargo, son amplias las ocasiones en las que los individuos no son encontrados en flagrancia realizando la acción propia de alguno de aquellos verbos rectores, sino únicamente teniendo en su poder la moneda falsa, nacional o extranjera, situación que actualmente en Colombia no es fácil comprobar como delito. Esta situación acarrea problemáticas para la lucha del Estado colombiano contra el tráfico de moneda falsificada, ya que la posesión de esta en altas cantidades facilita la distribución de estas y su introducción en el mercado de bienes y servicios del país.

Esta entrega se configura como una primera aproximación a la investigación del problema de investigación ya mencionado. Así pues, cabe mencionar que la pregunta problema de esta serie de entregas es ¿de qué manera la implementación de todas las herramientas judiciales posibles puede hacer más efectivas las sanciones derivadas del artículo 274 del Código Penal Colombiano por parte del operador jurídico? Esta pregunta se responderá tras la lectura, uso y compendio de fuentes primarias y secundarias propias de las ciencias jurídicas. Se hará remisión a fuentes primarias como los debates legislativos en los que se han discutido leyes y artículos de relevancia para la investigación, sentencias de las altas cortes, la jurisprudencia sobre moneda falsificada, entre otros. Además, las fuentes secundarias a utilizar serán, principalmente, aquellas propias de la academia del Derecho con el objetivo de reconocer qué se ha escrito sobre temas importantes para la investigación, reconocer referentes teóricos y jurídicos para el desarrollo de la investigación y apartados fundamentales como el marco teórico y el estado del arte.