Procedencia de la medida cautelar innominada en el proceso ordinario laboral colombiano

Abstract

Una de las novedades de la ley 1564 de 2012, código general del proceso -en adelante CGP-, fue la regulación de las medidas cautelares innominadas como una institución jurídica que permite proteger la eventual vulneración de derechos, dándole la facultad al juez de decretar cualquier tipo de medida, con la particularidad de que precisamente no esté establecida en la norma, una vez se configuren, a partir de lo expuesto y sustentado por la parte solicitante, los presupuestos del peligro en la demora y la apariencia de buen derecho. A diferencia del proceso civil, el proceso laboral colombiano al estar constituido por partes que aparentemente son desiguales: trabajador - empleador; está compuesto por normas y principios propios de la naturaleza de dicho proceso con una finalidad: lograr equilibrio entre las partes. Sin embargo, puede ocurrir que algunas de las instituciones procesales, como este tipo de medidas, no estén reguladas; razón por la cual, en virtud de la aplicación analógica, se emplean las normas generales del código judicial, hoy CGP. Partiendo de esta idea la pregunta que surge es: ¿es procedente la medida cautelar innominada en el proceso ordinario laboral? Por lo anterior, lo que se pretende mediante este escrito es determinar la procedencia de este tipo de medidas, razón por la cual la investigación se divide en cuatro puntos: I) se hace un estudio de las medidas cautelares como institución procesal en general y de las medidas cautelares innominadas en particular; II) se analiza el fin protector al trabajador y el derecho al trabajo como pilares fundamentales del proceso ordinario laboral; III) se examina la posición de la sala laboral de la Corte Suprema de Justicia respecto al decreto de este tipo de medidas; y IV) se efectúa un estudio sobre la regulación de las medidas cautelares en los procesos ordinarios laborales de países como Chile, Uruguay y España; para finalizar con unas conclusiones.

One of the novelties of Law 1564 of 2012, general code of the process - hereinafter GCP -, was the regulation of unnamed precautionary measures as a legal entity that allows to protect the eventual violation of rights, giving the power to the judge to decree any type of measure, with the particularity of what cannot be established in the law, once it is configured, based on what is seen and supported by the requesting party, the requirements of the danger in the delay and the appearance of good law. Unlike the civil process, because the Colombian labor process is a process constituted by parts that are apparently unequal: worker - employer; it is composed by norms and principles of the nature of that process with a purpose: to achieve a balance between the parties. However, it can occur that some of the procedural institutions, as these types of measures, are not regulated; reason why, by virtue of the analogical application, the general norms of the judicial code are used, today GCP. Based on this idea, the question that arises is: Is the unnamed precautionary measure suitable in the ordinary labor process? Therefore, what is intended by this writing is to determine the viability of this type of measures, which is why the research is divided into four points: I) a study of the precautionary measures as a procedural institution in general and of the unnamed precautionary measure in particular; II) the protective purpose of the worker and the right to work are analyzed as fundamental pillars of the ordinary labor process; III) the position of the labor chamber of the Supreme Court of Justice regarding the decree of this type of measures is examined; and IV) a study is made on the regulation of precautionary measures in the ordinary labor processes of countries such as Chile, Uruguay and Spain; to end with some conclusions.