La ley de justicia y paz en Colombia de cara al principio de legalidad de las penas en un estado social y democrático de derecho

Abstract

Este proyecto de investigación se propone estudiar si la Ley de Justicia y Paz (Ley 975 de 2005), creada para lograr la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley y contribuir de manera efectiva a la consecución de la paz nacional, desconoce el principio de legalidad de las penas en sentido estricto, al conceder una pena alternativa por el aporte del postulado a la obtención de la paz, su contribución a la justicia, la reparación a las víctimas del conflicto y su reinserción en la sociedad. Se analizará, si la pena alternativa que se impondrá por todos los hechos delictivos cometidos durante y con ocasión de la pertenencia a esos grupos armados organizados al margen de la ley, y la cual no podrá ser inferior a cinco (5) años ni superior a ocho (8) años, se enmarca dentro del principio de legalidad estricto en un estado social de derecho. El tema estudiado en el desarrollo de este trabajo, resulta pertinente en la actualidad, frente al contexto y momento histórico por el que atraviesa nuestro país, al encontrarse inmerso en un proceso de paz con un grupo armado al margen de la Ley, del cual lo mínimo que se debiera pretender son resultados que no desconozcan principios tales como el de legalidad de las penas, de allí, que se deban analizar y plantear soluciones que no permitan volver en yerros e injusticias generados con procesos de reinserción social ya vividos por la democracia colombiana. Así las cosas, mediante la presente investigación, empleando la metodología del análisis documental evaluativo, se realizará un estudio del proceso de implementación de la Ley de Justicia y Paz en nuestro País, así como, su posterior incidencia en el respeto y aplicación de principios generales del derecho, haciendo énfasis en el principio de legalidad de las penas contenidas en la Ley de Justicia y Paz y su ceñimiento o no, a dichos principios y garantías de reparación sobre las víctimas de los delitos cometidos por los actores del conflicto, quienes a fin de cuentas, pretendan ser los más beneficiados con la aplicación de la justicia transicional de reinserción, tendiente a la finalización de un conflicto armado interno, como el actual. Igualmente, se mencionan las críticas de organizaciones no gubernamentales defensoras de los derechos humanos, que tildan a la reforma de promover la impunidad, al priorizar casos para la investigación, juzgamiento y sanción, de acuerdo con la gravedad de los delitos, las condiciones de los victimarios y la calidad de las víctimas, la priorización conllevaría a la aplicación de una justicia preferencial, que claramente resulta violatoria de los principios de igualdad y de acceso a la justicia. Bajo el contexto del desarrollo del presente trabajo, es necesario indicar que, al finalizar la lectura del mismo, se deberá determinar claramente la forma en la cual la Ley de Justicia y Paz implementada en nuestro país, atiende en forma parcial, total, o si definitivamente, va en contra del principio de legalidad de las penas, así como, el correcto entendimiento de este principio en nuestro ordenamiento jurídico.