¿Cómo la omisión legislativa en el procedimiento para proponer y resolver nulidades sustanciales en el código de procedimiento penal ley 906 de 2004- afecta los derechos y garantías fundamentales de las partes que intervienen en el mismo?

Abstract

La implantación del sistema penal acusatorio mediante la Ley 906 del 31 de agosto de 2004, que desarrolló la reforma constitucional contenida en el acto legislativo 03 de 2002, tuvo una implementación gradual y sucesiva a partir del primero de enero de 2005 en los distritos judiciales de Armenia, Bogotá, Manizales y Pereira, que se ha extendido luego a los restantes distritos judiciales del país. Con esta monografía, pretendemos analizar si la omisión legislativa observada en dicha Ley en lo que tiene que ver con las causales nulidad, la oportunidad para proponerlas, la forma de de resolverlas por parte del funcionario de conocimiento, los principios que orientan la declaratoria y su convalidación, y especialmente la falta de concreción acerca de las nulidades sustanciales, constituyen una falencia que puede conducir a que en la interpretación y aplicación judicial se presenten violaciones a los derechos y garantías fundamentales de las personas que intervienen en el proceso penal. Para lograr el objetivo se tendrá en cuenta que el marco poblacional es limitado, por lo que aplicaremos como técnicas de investigación el estudio de la jurisprudencia emitida desde el primero de enero de 2005 hasta el 30 de agosto de 2011. Dentro de la observación se estudiará el marco legal y reglamentario de las nulidades procesales, tanto en el Sistema Penal Oral Acusatorio, como en los anteriores Códigos de Procedimiento Penal, de la misma forma que los estudios que otras personas hayan elaborado sobre el tema. Dentro de las limitaciones se encuentra que es poco el material de consulta bibliográfica acerca del tema, referidos específicamente al Sistema Penal Oral Acusatorio. Como se podrá observar dentro del trabajo de investigación, el tema de las nulidades sustanciales en el sistema procesal penal colombiano tenía una amplia regulación en las normatividades antecesoras, es así como en la Ley 57 de 1.887 y sistema procesal posterior, se definían los temas de causales de nulidades, se argumentaba su procedimiento taxativamente, al igual que regulaba la reposición del proceso y los requisitos para que el superior revisara la misma, la oportunidad para proponerlas, la forma de solicitarlas, los principios que orientaban la declaratoria y su convalidación. Caso contrario, es lo que acaece en la codificación vigente, lo cual se expondrá a continuación en nuestro trabajo de investigación. No obstante lo anterior, en el ordenamiento Penal Procesal, consagrado en la Ley 906 del 31 de agosto de 2004, existe omisión legislativa en lo referente a la forma para proponer nulidades, es decir, dentro de la normatividad no están taxativamente descritas como tal, pero específicamente no establece concretamente qué aspectos sustanciales afectan el debido proceso, por lo que se considera, que dicha falencia puede conllevar a interpretaciones que deriven en la vulneración a los derechos fundamentales de las personas (partes) que intervienen en las diferentes etapas procesales.