Responsabilidad patrimonial del estado por el daño causado en la prestación de servicios de salud a personas en situación de discapacidad

Abstract

La Organización Panamericana de la Salud, OPS (2022) conceptúa sobre la discapacidad “aquellas que tienen deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, en interacción con diversas barreras, puede obstaculizar su participación plena y efectiva en la sociedad” (p.1), es decir establece el carácter continuo de la patología física o sicológica del individuo, además implica la necesidad de realizar un apoyo especial que permita su inclusión social y cultural, sin ningún tipo de discriminación, en especial en el acceso a los servicios de salud en el país. Bajo esta concepción, el Estado colombiano tiene el compromiso de avalar los derechos plenos de los ciudadanos con discapacidad, asimismo, en ofrecer y garantizar un acceso a un servicio de salud equitativo, igualitario, de calidad, donde no menoscabe o dificulte el disfrute de los derechos que este grupo de ciudadanos requiere, por otro lado, está en la obligación de promover campañas educativas que permitan un adecuado acceso de la prestación del servicio de salud (Paredes, 2013). Esta situación representa una problemática muy grande, pues en algunos casos se les dificultad a estas personas acceder en los servicios de salud, siendo una transgresión flagrante a los derechos fundamentales más básicos; por ello, el Estado cae en una responsabilidad legal al no hacer cumplir esos derechos, además de los componentes que influyen en la aplicación del derecho. Así pues, el perjuicio causado a los ciudadanos en situación de discapacidad representa una carga ardua de soportar, y representa un daño antijurídico que el mismo no está forzado a tolerar. La presente investigación persigue analizar el marco legal y jurisprudencial frente a la responsabilidad del Estado en la prestación de servicios de salud a ciudadanos en condición de discapacidad.