La objeción de conciencia en el ejercicio de la actividad judicial en Colombia

Abstract

La Constitución Política de 1991 es, desde distintas áreas del estudio académico, un importante documento de análisis debido a que goza de numerosas particularidades, entre las cuales destaca su importancia en el desarrollo de los derechos individuales del ciudadano; un avance agrupado dentro del llamado movimiento del nuevo constitucionalismo de Iberoamérica. La Carta presenta un amplio desarrollo a los derechos humanos y el papel del estado como garante de los mismos. No obstante, estos avances legislativos no son inmunes ni a la controversia social, ni a la crítica académica ni a la interpretación judicial; fenómenos naturales de las democracias modernas. La principal característica de estos atributos es que son consustanciales de la condición humana, es decir, emergen de la naturaleza de los seres humanos y por eso existen, aunque la ley –en algunos casos- no los reconozca. No es necesario que el derecho positivo valide la existencia de estos derechos; la ausencia de pronunciamiento sobre los mismos no implica un desconocimiento de su validez. En la actualidad, tales atributos corren el continuo riesgo de perder su autonomía. Las imposiciones de toda índole, disfrazadas de sugerencias, afectan sobremanera la capacidad de reflexión y expresión, generando cada vez un mundo con menos posibilidades de determinarse de acuerdo con criterios propios. Un mundo donde los principios individuales se relegan a un segundo plano. Este es el marco de referencia que justifica abordar el estudio, no solo del aspecto positivo de la libertad de conciencia, mismo que se encuentra consagrado de manera expresa en el artículo 18 de la Constitución Política, sino aún más, del aspecto negativo de dicho derecho: la objeción de conciencia. Bajo el entendido de que es este último el mecanismo ideal que permite ejercer la libertad de conciencia a través de la negación que puede impetrar la persona de llevar a cabo determinada conducta que atenta contra sus creencias más internas y que son, al fin y al cabo, las que conllevan a su autodeterminación. La objeción de conciencia puede definirse como: “La objeción de conciencia es definida por Venditti como ‘la resistencia a obedecer un imperativo jurídico invocando la existencia de un dictamen de conciencia que impide sujetarse al comportamiento prescrito’. (Suarez Pertierro, Gustavo. 1990)” Se asume, entonces, que la figura objeto de estudio se sustenta en el incumplimiento de un mandato legal o jurídico, cuando está en conflicto con las convicciones morales, filosóficas o religiosas de la persona y su efectivo cumplimiento acarrearía una traición a su fuero interno. En consecuencia, nos encontramos con un debate que se ha constituido como una constante en el desarrollo de la historia de la humanidad y desde el origen de las grandes civilizaciones de la antigüedad, esto es, el derecho al libre pensamiento, el cual engloba todo un universo de ideas complejas sustentadas desde la moral, el culto y conciencia personal hasta los fundamentos mismos de la ética y valores de una sociedad. La Constitución Política tipifica la protección a los anteriores como derechos fundamentales, pero estos derechos requieren de protecciones activas que atraviesen las normas escritas. The Political Constitution of 1991 is, from different areas of academic study, an important document of analysis because it enjoys numerous particularities, among which its importance in the development of the individual rights of the citizen stands out; an advance grouped within the so-called movement of the new constitutionalism of Latin America. The Charter presents a broad development of human rights and the role of the state as guarantor of them. However, these legislative advances are not immune to social controversy, academic criticism or judicial interpretation; natural phenomena of modern democracies. The main characteristic of these attributes is that they are consubstantial of the human condition, that is, they emerge from the nature of human beings and that is why they exist, although the law - in some cases - does not recognize them. It is not necessary that the positive law validates the existence of these rights; the absence of pronouncement on them does not imply a lack of knowledge of their validity. At present, such attributes run the continuous risk of losing their autonomy. The impositions of all kinds, disguised as suggestions, greatly affect the capacity for reflection and expression, each time generating a world with less chance of being determined according to their own criteria. A world where individual principles are relegated to the background. This is the frame of reference that justifies addressing the study, not only of the positive aspect of freedom of conscience, which is expressly enshrined in article 18 of the Political Constitution, but even more, of the negative aspect of said right. : conscientious objection. Under the understanding that the latter is the ideal mechanism that allows freedom of conscience to be exercised through the denial that can impede the person from carrying out certain behavior that undermines their innermost beliefs and that are, after all , which lead to their self-determination. Conscientious objection can be defined as: “Conscientious objection is defined by Venditti as‘ the resistance to obeying a legal imperative invoking the existence of a conscience opinion that prevents being subject to the prescribed behavior ’. (Suarez Pertierro, Gustavo. 1990) ”It is assumed, then, that the figure under study is based on the breach of a legal or legal mandate, when in conflict with the moral, philosophical or religious convictions of the person and its cash compliance would result in a betrayal of its internal jurisdiction. Consequently, we find a debate that has become a constant in the development of the history of humanity and since the origin of the great civilizations of antiquity, that is, the right to free thought, which encompasses a whole universe of complex ideas supported from morals, worship and personal awareness to the very foundations of the ethics and values of a society. The Political Constitution typifies the protection of the foregoing as fundamental rights, but these rights require active protections that cross written norms.