Barreras al principio de libertad probatoria para el acceso a la garantía de estabilidad laboral reforzada

Abstract

En virtud del artículo 47 de la Constitución Política de 1991 y bajo el derrotero de brindarle protección, a nivel laboral, a las personas con algún tipo de disminución física, mental o sensorial, quienes, por sus condiciones, son más vulnerables ante despidos injustos, el legislador creó la Ley 361 de 1997. Mediante esta ley, se impuso la prohibición a los empleadores de obstaculizar la vinculación laboral de una persona por razón de sus limitaciones, así como creó la indemnización para los despidos discriminatorios basados en este evento. No obstante, gracias a la labor de la Corte Constitucional, el alcance que se le dio a esta norma se extendió no solo a quienes cuentan con el carné que certificara tal condición, sino también a toda persona que, debido a afectaciones de salud, se encuentre en situación de debilidad manifiesta, lo cual implica que su capacidad de trabajo se vea afectada. Ahora bien, esta es una postura que, en la actualidad, no es compartida por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, organismo para el cual se requiere de la demostración de una pérdida de capacidad laboral igual o mayor al 15%, lo cual pone compromete considerablemente el acceso de los trabajadores a la garantía de estabilidad laboral reforzada.